El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue captado bailando en el bar “Plan B” de la capital del estado, apenas dos días después de que un juez de El Paso, Texas, lo absolviera de las acusaciones de corrupción en Estados Unidos. Lo que para él fue un “triunfo judicial”, para gran parte de la opinión pública fue una postal del cinismo político a ritmo de celebración.
El juez Rubén Morales consideró que ni Javier Corral ni el gobierno estatal de Chihuahua entregaron pruebas suficientes para sostener que Duarte adquirió 50 propiedades en EU con dinero público. La resolución echó por tierra parte de la “Operación Justicia para Chihuahua”, la cruzada judicial iniciada por Corral para castigar el desvío de más de 96 millones de pesos del erario estatal. La decisión fue celebrada por Duarte como un “tiro de gracia” contra lo que él considera una persecución política.
Pero el regocijo personal quedó plasmado no sólo en palabras. Las imágenes del exmandatario bailando entre aplausos y selfies con jóvenes simpatizantes fueron captadas el 28 de junio y se viralizaron rápidamente. A su lado, figuras políticas como Dalila Villalobos (síndica de Parral) y el regidor Vicencio Chávez reforzaron la impresión de que Duarte, lejos del ostracismo, conserva aliados y respaldo político local.
El escándalo se amplificó por el contraste entre su júbilo nocturno y su supuesta frágil salud, la misma que en su momento justificó medidas de prisión domiciliaria. Las redes sociales no tardaron en ironizar sobre su “milagrosa recuperación”, mientras recordaban que aún enfrenta más de 20 procesos judiciales en México por peculado y asociación delictuosa.
Las críticas no solo llegaron de la sociedad civil. Javier Corral, artífice de las denuncias, responsabilizó directamente a la administración actual de Chihuahua, encabezada por la panista María Eugenia Campos, por la debilidad del caso en Texas. Afirmó que nunca se entregaron pruebas clave ni se atendieron los requerimientos del despacho Buzbee, lo que derivó en la liberación del exgobernador y la posible recuperación de sus bienes asegurados.
Uno de los episodios más recientes involucra el rancho “El Saucito”, propiedad de Duarte, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) halló infraestructura ilegal para el almacenamiento de agua. Según el organismo, alrededor de 700 mil metros cúbicos eran acaparados sin concesión. A pesar de que Duarte alegó contar con permisos y que “incluso las pipas se abastecían ahí”, Conagua lo desmintió rotundamente.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció públicamente la situación y anunció que se presentaron cargos por la apropiación indebida del recurso hídrico. La dirigencia nacional de Morena también se pronunció, exigiendo sanciones ejemplares, recordando que el agua no puede estar sujeta a intereses privados, menos aún en contextos de emergencia climática.
La historia de Duarte es una ilustración incómoda del sistema judicial en ambos lados de la frontera. Mientras en Estados Unidos fue exonerado por falta de pruebas, en México aún se acumulan los expedientes, los señalamientos y los silencios cómplices. Bailar en la frontera, sí… pero entre la impunidad y la desmemoria.
