La fecha límite del 9 de julio se ha convertido en el nuevo instrumento de presión comercial del presidente Donald Trump. Según declaró en múltiples entrevistas, ese día se impondrán aranceles de entre el 10 % y hasta el 50 % a los países que no hayan firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos. Y aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de prórrogas “para países que negocien de buena fe”, Trump ha reiterado públicamente que no prevé ninguna extensión: él “puede hacer lo que quiera”, pero prefiere no hacerlo.
El plan es enviar cartas personalizadas a cada país, comunicando de forma “muy bonita” —según palabras del propio mandatario— los nuevos porcentajes. Esta estrategia, más performativa que diplomática, ha sido reiterada desde mayo, aunque hasta el momento ninguna de esas misivas se ha materializado. Las cartas funcionarían como aviso final, pero también como castigo simbólico: “Felicidades, vas a tener que pagar un 25 %”, dijo Trump en tono sarcástico, usando incluso a Japón como ejemplo.
Pese a lo complejo que resulta negociar acuerdos bilaterales con más de 190 países, el presidente minimizó esa dificultad y aseguró que Estados Unidos simplemente impondrá cifras “elevadas” si los países no “son buenos”. El objetivo inicial era lograr 90 acuerdos en 90 días, pero, al parecer, la política de aranceles ya no está ligada al cumplimiento de esa meta, sino a la voluntad del presidente.
Mientras Bessent presume en redes sociales que los aranceles son parte del sólido “crecimiento económico a largo plazo” promovido por Trump, la Casa Blanca se alista para ejecutar una política comercial que privilegia la amenaza sobre la negociación. Lo que para Trump es una jugada estratégica, para buena parte del mundo podría convertirse en un golpe a sus exportaciones.
