En pleno aniversario de su creación, la Guardia Nacional recibió un “regalo” legislativo que redefine su estructura, funciones y mando. Con 75 votos a favor y una oposición firme, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de la Guardia Nacional, pieza central del paquete de reformas impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la mayoría oficialista.
El núcleo de la nueva ley es claro: la Guardia Nacional queda formalmente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consolidando su carácter como una fuerza de seguridad pública permanente, profesional y de naturaleza predominantemente militar. Aunque se insiste en que el mando supremo permanece en la Presidencia y, por ende, sigue siendo “civil”, la estructura operativa recae casi por completo en el Ejército.
Entre los cambios más relevantes destacan las nuevas facultades en inteligencia e investigación, que incluyen operaciones encubiertas, rastreo en tiempo real de telefonía móvil y monitoreo de contenidos en internet. Además, se formaliza una “licencia especial” que permite a elementos de la Guardia Nacional postularse a cargos de elección popular o asumir funciones en administraciones civiles sin perder su adscripción militar, lo que ha encendido alertas sobre una potencial militarización de la vida pública.
Desde la bancada oficialista, se presentó la reforma como un paso necesario para combatir con eficacia la violencia e inseguridad, herencia —dicen— de gobiernos anteriores. El senador de Morena, Luis Fernando Salazar, defendió el dictamen señalando que se trata de consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza sólida, con un marco jurídico claro y facultades precisas para actuar.
Sin embargo, los partidos de oposición ven otra película. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, advirtió que esta medida responde a una “salida falsa” frente a la violencia, y que el camino real pasa por fortalecer a las policías locales y restituir el equilibrio civil en el modelo de seguridad. En la misma línea, senadores del PRI y PAN alertaron sobre el uso político de las Fuerzas Armadas, la erosión de los contrapesos democráticos y la incongruencia del oficialismo, recordando que hace apenas unos años la misma bancada de Morena se pronunciaba por el retiro del Ejército de las calles.
El dictamen también modifica nueve leyes secundarias y códigos militares, extendiendo a la Guardia Nacional el régimen jurídico castrense. Así, sus integrantes estarán sujetos al fuero militar y bajo control de la Sedena en lo referente a organización, ascensos, disciplina y recompensas. Aunque se prevé la participación de personal civil en tareas técnicas y administrativas, el grueso de la corporación seguirá compuesto por militares con formación policial.
La senadora Lizeth Sánchez, del PT, insistió en que la ley no militariza, sino profesionaliza. Pero para figuras como Karla Toledo (PRI), lo aprobado representa un retroceso que mina la paz, siembra miedo y abre la puerta a abusos.
Mientras tanto, la oposición también criticó la rapidez del proceso legislativo. La discusión en comisiones fue convocada de forma abrupta y sin transmisión pública, y la discusión en lo particular arrancó el mismo día que se votó en lo general, generando acusaciones de opacidad.
Ahora la minuta ha sido turnada al Ejecutivo para su promulgación. Con ella, el país avanza hacia un modelo de seguridad con fuerte impronta militar, aunque bajo el discurso de un mando civil que, en los hechos, parece cada vez más ceremonial. En esta versión extendida del “todos somos soldados”, la frontera entre seguridad nacional y política pública se difumina aún más.
