No fue una escena sacada de una distopía ni un thriller de terror: fue en Ciudad Juárez, en una vivienda adaptada como crematorio, donde autoridades hallaron 383 cuerpos acumulados, embalsamados y sin incinerar. La instalación, operada por la empresa Plenitud, funcionaba bajo subcontratación de al menos seis funerarias locales. El hallazgo se dio tras denuncias vecinales por olores fétidos. Lo que la policía municipal encontró el 26 de junio fue una carroza con cadáveres y cuartos atestados de restos humanos en condiciones insalubres, sin refrigeración ni dignidad.
De acuerdo con el fiscal estatal César Jáuregui, los cuerpos, que llevaban entre tres y cinco años ahí, fueron entregados por funerarias como Luz Divina, Del Carmen, Amor Eterno y otras, que al parecer contrataron los servicios del crematorio sin supervisar su cumplimiento. El caso expone un fraude masivo: se cobraba por incineración, pero se entregaban supuestas cenizas sin que los cuerpos fueran cremados. A los familiares se les mintió, simple y llanamente.
El establecimiento operaba con permisos legales otorgados por Coespris, cuya última inspección fue en febrero de 2024. Aun así, las condiciones del lugar —techos con yeso desprendido, grasa corporal en el piso, cadáveres sobre escritorios y habitaciones saturadas— contradicen cualquier estándar sanitario. Las autoridades locales ahora intentan deslindarse del escándalo, hablando de “problemas administrativos” y “capacidad limitada del horno crematorio”. Pero el fiscal Jáuregui lo califica con claridad: “negligencia criminal”.
Hasta ahora, dos personas han sido detenidas: José Luis Arellano Cuarón, presunto dueño del crematorio, y Facundo Martínez, operador del lugar. Se les acusa por inhumación indebida y delitos contra la salud. Sin embargo, ni las funerarias implicadas ni las instituciones regulatorias han sido imputadas. Se investiga si hay más responsabilidades penales y civiles, así como violaciones al trato digno de los cuerpos.
La identificación de los cuerpos será un proceso lento y complejo. Muchos fueron embalsamados con químicos que dificultan pruebas de ADN. Aunque algunos contaban con documentación, el caos administrativo en Plenitud complica la vinculación entre restos y certificados de defunción. Servicios Periciales trabaja con métodos antropológicos, odontológicos y fotográficos para construir perfiles que permitan contactar a familiares y brindarles una opción real de despedida.
Mientras tanto, los cuerpos han sido trasladados a una caja refrigerada tipo tráiler. La zona del crematorio permanece acordonada y bajo resguardo. La indignación social crece: vecinos denuncian años de malos olores, humos tóxicos y amenazas por parte de empleados del crematorio, incluso con presuntas conexiones con la Fiscalía estatal. El relato comunitario sugiere que la omisión no fue casual, sino sistemática y protegida.
Aunque las autoridades descartan vínculos con el crimen organizado —alegando que los cuerpos no fueron víctimas de homicidio y estaban identificados—, el caso deja claro que el verdadero crimen está en la institucionalización del abandono: se incumplieron servicios, se engañó a las familias, se almacenaron cuerpos como mercancía olvidada, y se hizo todo ello bajo la sombra de permisos oficiales y revisiones normativas “sin irregularidades”.
Ciudad Juárez, marcada por historias de violencia, feminicidio y desaparición, enfrenta ahora una herida adicional: la muerte sin cierre, el duelo en suspenso y el uso indigno del cuerpo humano como trámite administrativo. El caso Plenitud no es solo una anomalía: es un espejo de lo que ocurre cuando la dignidad se convierte en subcontrato.
