En un pantano remoto de los Everglades, entre caimanes y ciénagas, el presidente Donald Trump inauguró oficialmente “Alligator Alcatraz”, un centro de detención temporal para migrantes indocumentados que, más allá del nombre provocador, resume la esencia del enfoque mediático, simbólico y punitivo de su estrategia migratoria. Ubicada en una pista de aterrizaje del Aeropuerto Dade-Collier, la instalación —construida en menos de dos semanas— ha sido presentada como “modelo nacional” y es ahora un epicentro del debate sobre derechos humanos, racismo estructural, propaganda política y abuso del aparato estatal.
La cárcel, diseñada para albergar a 5,000 personas y con un costo anual estimado en 450 millones de dólares —parcialmente financiado por FEMA— se despliega como una colosal operación política más que como una solución estructural al colapso migratorio. Funcionarios como Karoline Leavitt han enfatizado su ubicación estratégica: un entorno “inhóspito, peligroso y aislado”, supuestamente pensado para evitar fugas. Trump mismo ironizó sobre la fauna local: “Les vamos a enseñar a huir de un caimán. No corran en línea recta”. Detrás del sarcasmo, subyace una narrativa de criminalización masiva y deshumanización sistemática.
La retórica oficial insiste en que el centro albergará a “criminales peligrosos”, pero datos del ICE contradicen esa versión: más del 75% de los migrantes detenidos desde octubre no tienen antecedentes penales graves, y solo el 10% ha sido condenado por delitos mayores como homicidio o agresión. La equiparación entre migración y criminalidad se sostiene más en la estrategia MAGA que en evidencia judicial. La amenaza implícita se ha extendido incluso a ciudadanos por nacimiento, ante los renovados llamados de Trump a eliminar el derecho constitucional de “jus soli”.
Organizaciones de derechos humanos, ecologistas y comunidades indígenas como los Miccosukee y Seminole han levantado protestas ante lo que consideran un atentado doble: la violación de las garantías individuales de los migrantes y el daño irreversible al frágil ecosistema del parque Big Cypress. Demandas federales argumentan que el proyecto omitió evaluaciones ambientales y procesos legales obligatorios, y alertan sobre el precedente de usar fondos de emergencia para infraestructura represiva.
La dimensión simbólica del centro no puede pasarse por alto. Desde las camisetas y tazas con logos de “Alligator Alcatraz” hasta las sesiones fotográficas de Trump y Kristi Noem en escenarios diseñados para evocar fortaleza y orden, el aparato visual busca consolidar una imagen de poder inquebrantable. La estrategia no es nueva: la administración ya había recurrido a Guantánamo como enclave para extender las detenciones migratorias, mientras que la figura del “zar fronterizo”, Tom Homan, resta importancia a las muertes bajo custodia al asegurar que “también muere gente en prisiones estatales”.
Los defensores del proyecto, como el gobernador Ron DeSantis y el fiscal Jeremy Uthmeier, han defendido el carácter “temporal y necesario” del centro, comparándolo con instalaciones de emergencia post-huracanes. Sin embargo, la rapidez de su construcción, la falta de supervisión federal y el despliegue de 100 elementos de la Guardia Nacional exponen una lógica más cercana a la militarización que a la gestión humanitaria. A esto se suma una narrativa de “eficiencia económica” que ignora los costos sociales y legales de un modelo que, lejos de solucionar la crisis migratoria, la transforma en espectáculo.
En paralelo, comunidades locales como la de Miami-Dade han mostrado un rechazo explícito, con manifestaciones donde se leen consignas como “No odio, no miedo, todos son bienvenidos” o “Alligator Alcatraz: decimos NO”. La división también atraviesa a las familias migrantes, algunas temerosas de protestar por su estatus legal, otras atrapadas en el dilema de apoyar políticas duras por miedo o desinformación. Esta fractura social no es un daño colateral, sino parte de una estrategia que se alimenta del conflicto.
La inauguración del centro coincidió con la aprobación en el Senado de la llamada “gran y hermosa ley fiscal”, diseñada para ampliar los recursos de deportación. La sincronía entre show político y legislación confirma que Alligator Alcatraz no es un error aislado, sino la materialización de una ideología que prefiere fronteras armadas a soluciones estructurales. Un modelo que, según Trump, no debe quedarse solo en Florida. Para sus críticos, una advertencia de lo que está por venir.
