El gobierno federal reporta un endeudamiento “manejable”, pero los números cuentan otra historia. Al cierre de mayo de 2025, la deuda pública de México alcanzó su máximo histórico: 17.67 billones de pesos, lo que representa el 49.2% del PIB nacional. Aunque Hacienda insiste en que esta proporción es “baja” en comparación con otras economías emergentes y que ha disminuido respecto al 51.3% del PIB registrado en 2024, el ritmo y las causas del incremento abren más preguntas que certezas.
La deuda aumentó más de 2 billones de pesos en un solo año, lo que equivale a 5 mil 270 millones de pesos diarios, según datos oficiales. Desde 2018, el crecimiento ha sido del 68%, pasando de 10.4 billones al inicio del sexenio de López Obrador a 17.6 billones bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Paradójicamente, esta expansión contrasta con la promesa del expresidente AMLO de no incrementar el endeudamiento.
Un desglose del tipo de deuda muestra que el 83.4% es interna y mayoritariamente contratada a tasas fijas y a largo plazo, una estrategia que busca blindar al país ante la volatilidad del tipo de cambio y las tasas de interés. Esta medida técnica, a pesar de su utilidad, no oculta el crecimiento sostenido del pasivo total ni su impacto potencial en la economía doméstica.
Mientras Hacienda presume una reducción del déficit fiscal del 45% respecto al año anterior (357 mil millones en 2025 frente a 649 mil millones en 2024), ese ajuste se logró principalmente por el subejercicio del gasto público. Es decir, se dejaron de ejercer 224 mil millones de pesos de lo presupuestado, afectando de forma significativa a la inversión pública, que cayó un 29.1% en términos reales.
La otra cara del ajuste está en los ingresos. Aunque aumentaron 3.7%, quedaron 64 mil millones de pesos por debajo de lo previsto. La causa central: el desplome de los ingresos petroleros, con una caída del 23.8% respecto a lo estimado, y una contracción del 34.6% en los ingresos de Pemex, que además agotó más de la mitad de su línea presupuestal en el primer trimestre del año. La empresa recibió 80 mil millones de pesos en transferencias de Hacienda, lo que sugiere una dependencia persistente del gobierno federal para sostener sus operaciones.
El panorama se agrava si se observa el peso de la deuda sobre cada ciudadano: según el cálculo más reciente, cada mexicano “debe” en promedio entre 132,000 y 140,000 pesos, dependiendo de la fuente y del número de habitantes estimado. Esta cifra, aunque simbólica, da una dimensión personal a un problema que suele percibirse como macroeconómico.
Aunque la SHCP ha realizado maniobras como la recompra de valores y la emisión de bonos de largo plazo para mejorar el perfil de vencimiento de la deuda, el costo financiero del endeudamiento aumentó un 13.1% anual en términos reales, presionado por las condiciones globales y la necesidad interna de mantener a flote las finanzas públicas.
La narrativa oficial habla de consolidación fiscal sin comprometer programas sociales ni proyectos clave. Pero los datos sugieren un ajuste forzoso más que una planificación estratégica. El gobierno busca cerrar 2025 con un déficit de 3.9% del PIB, frente al 5.7% de 2024. Lograrlo dependerá menos de una política de ingresos sólida que de la contención del gasto, un camino que no siempre garantiza crecimiento ni estabilidad a largo plazo.
