Del operativo fallido del Culiacanazo en 2019 a su próxima audiencia judicial en Chicago, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, ha transitado un camino que mezcla estrategia legal, presiones internacionales y las grietas internas del Cártel de Sinaloa. Tras su captura definitiva en enero de 2023, y su extradición a EE.UU. en septiembre del mismo año, la narrativa judicial que lo rodea entra en una nueva fase: la colaboración con el gobierno estadounidense a cambio de beneficios judiciales.
El 30 de junio de 2025, Guzmán López firmó un documento dirigido a la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el que anunció su intención de declararse culpable de los delitos que se le imputan en otro tribunal: el del Distrito Norte de Illinois. Esta decisión fue clave para que la Fiscalía neoyorquina retirara los cargos presentados en su contra. Según se explica en la Regla 20 del Código Federal de Procedimientos Penales, este movimiento permite centralizar el caso en un solo distrito y avanzar hacia una resolución negociada.
El próximo 9 de julio se prevé que Ovidio Guzmán comparezca presencialmente ante la corte en Chicago para formalizar su culpabilidad. La acusación original incluye cinco cargos: conspiración para distribuir sustancias controladas, lavado de dinero, posesión de drogas con intención de distribuirlas, pertenencia a una organización criminal continua y uso de armas de fuego. Aunque en su primera audiencia se había declarado inocente, su cambio de postura ahora se interpreta como parte de una estrategia de cooperación judicial.
Según reportes de medios como El Universal y Infobae México, la negociación entre Guzmán y la Fiscalía podría incluir beneficios como la reducción de sentencia, eludir la cadena perpetua e incluso acceder a un programa de testigos protegidos. A cambio, Ovidio estaría obligado a proporcionar información detallada sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo la estructura interna de Los Chapitos, liderada por sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, así como las dinámicas con otras facciones como los “Mayitos” de Ismael “El Mayo” Zambada o los rivales del CJNG.
Además, ZETA Tijuana y otros medios señalaron que al menos 17 familiares de Ovidio, incluida su madre Griselda López, ya se encuentran bajo protección en EE.UU., lo que refuerza la tesis de una colaboración pactada. Esta medida se habría tomado como protección ante las disputas violentas dentro del cártel, particularmente entre Los Chapitos y otros grupos como “La Chapiza”.
Una figura clave en este proceso ha sido su abogado Jeffrey Lichtman, quien también representa a Joaquín Guzmán Jr., hermano de Ovidio. Se ha especulado que ambos podrían convertirse en piezas clave para acusaciones mayores, incluso contra figuras como “El Mayo” Zambada. El propio Joaquín regresará a la corte el 15 de julio para evaluar su situación legal, en un caso judicial paralelo que podría estar siguiendo una lógica similar.
También se discute la posible aplicación de la figura de nolo contendere, una declaración legal en la que el acusado no admite culpabilidad, pero tampoco la niega, aceptando las consecuencias penales. Este tipo de declaratoria podría facilitar que los cargos sean considerados sin dolo y, con ello, abrir la puerta a penas menores.
Desde el Culiacanazo hasta este posible acuerdo, el caso de Ovidio Guzmán revela no solo una táctica judicial individual, sino también la transformación interna del narco mexicano ante la presión internacional. La escena judicial estadounidense se convierte así en el nuevo teatro de una disputa que, aunque alejada de los fusiles, está cargada de implicaciones para el futuro del crimen organizado en México.
