La detención de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles reconfiguró el guion que muchos creían conocer del excampeón de boxeo mexicano. Arrestado mientras conducía un patinete eléctrico, el púgil quedó bajo custodia de agentes federales estadounidenses por violar su estatus migratorio. Pero pronto la noticia reveló capas más profundas: Chávez no solo era buscado en México desde marzo de 2023 por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tráfico de armas y delincuencia organizada, sino que, hasta hace unas semanas, la propia presidenta Claudia Sheinbaum no tenía conocimiento de esa orden de aprehensión.
El caso ha expuesto no solo las tensiones entre seguridad nacional y espectáculo mediático, sino también la falta de articulación entre las instituciones mexicanas y la presidencia. Sheinbaum, quien había coincidido con el padre del boxeador en actos públicos recientes, admitió que se enteró de la orden de captura al mismo tiempo que el público: tras la detención en EEUU “Si no tuviera orden de aprehensión, nuestra actuación habría sido distinta”, dijo.
La Fiscalía General de la República confirmó la existencia de una orden judicial por delitos graves, emitida tras una investigación que comenzó en 2019. Aunque se sabe que Chávez Jr. vivió la mayor parte del tiempo en EEUU, en 2025 habría logrado ingresar brevemente a México, eludiendo la ejecución de dicha orden.
El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU detalló que Chávez Jr. ingresó legalmente en 2023 con una visa B2, que venció en 2024. Luego intentó regularizar su estatus mediante matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense y expareja de Édgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Las autoridades señalaron esa relación como un posible nexo con el Cártel de Sinaloa. Además, se documentaron vínculos con Ovidio Guzmán, “El Ratón”, a quien Chávez se refirió en redes como “un buen amigo”.
Chávez también arrastra antecedentes legales en EEUU: una condena por conducir en estado de ebriedad en 2012 y cargos en 2024 por posesión de armas, que aún están en litigio. Su abogado, Michael A. Goldstein, asegura que su cliente está cumpliendo con todas las condiciones legales y que los cargos actuales tienen tintes políticos. Calificó su detención como un acto desproporcionado e intimidante, resultado de una “narrativa sensacionalista”.
Mientras se tramita su deportación desde un centro migratorio, la FGR afirma haber iniciado el proceso formal para que Chávez Jr. sea devuelto a México, donde enfrentaría los cargos en su contra. En paralelo, su familia ha emitido un comunicado respaldando su inocencia y pidiendo evitar juicios mediáticos anticipados.
El contexto no es menor: bajo el gobierno de Trump, EEUU ha presionado a México para extraditar a figuras vinculadas con el crimen organizado, en un intento de reforzar su retórica de “mano dura” contra el narcotráfico. En este entorno, el caso de Chávez Jr. se convierte en un punto de fricción donde se cruzan los intereses diplomáticos, judiciales y mediáticos.
La historia del heredero de “La Leyenda” del boxeo mexicano ahora se libra fuera del cuadrilátero, entre fiscales, declaraciones cruzadas y estrategias diplomáticas. Su desenlace aún está por escribirse, pero lo que está claro es que la figura pública que una vez representó la gloria deportiva, hoy encarna una narrativa mucho más compleja.
