La sombra del software espía Pegasus vuelve a cernirse sobre el expresidente Enrique Peña Nieto. Esta vez, el epicentro de las acusaciones no es una investigación nacional, sino un tribunal en Jerusalén, donde una disputa legal entre empresarios israelíes destapó una supuesta “inversión” de 25 millones de dólares destinada a obtener contratos con el gobierno mexicano a través de la figura del entonces mandatario.
La historia fue revelada por el diario The Marker, que accedió a documentos originalmente vinculados a un arbitraje religioso bajo la Ley del Torá y que, tras no alcanzar una resolución, fueron transferidos a la justicia civil israelí. En ellos, los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher detallan una “inversión conjunta” en una “figura de alto rango”, referida con apodos como “el hombre mayor”, “el N” o simplemente “la personalidad”, cuya descripción coincide con Enrique Peña Nieto.
La “inversión”, según los documentos citados por el periodista Gur Meggido, les habría permitido acceder a contratos gubernamentales para la comercialización de Pegasus en México, en instituciones como la Sedena, el Cisen y la entonces PGR. La disputa surgió cuando Ansbacher exigió a Neriah el reembolso de su parte de los fondos, tras la ruptura de su sociedad comercial a finales de 2018, coincidiendo con el cambio de gobierno en México.
Peña Nieto negó categóricamente las acusaciones desde su cuenta de X, calificándolas como “totalmente falsas” y “carentes de sustento”, además de cuestionar los intereses detrás de su difusión. Alegó que las afirmaciones carecen del más mínimo rigor periodístico y fueron publicadas “dolosamente”.
Sin embargo, las revelaciones reavivan las denuncias sobre el uso político y represivo de Pegasus durante su sexenio. Testimonios judiciales previos, como el del testigo protegido “Zeus” ante un juez mexicano en 2023, señalan que Peña Nieto habría ordenado personalmente espiar a figuras como Carlos Slim, Germán Larrea, y periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. De acuerdo con ese testimonio, hubo cerca de 1,500 personas espiadas, con listas entregadas directamente al Cisen.
El semanario Proceso y medios como SinEmbargo han documentado que los empresarios israelíes detrás de esta red también estuvieron involucrados en negocios relacionados con cárceles, drones y equipamiento militar. Algunas de esas operaciones, de hecho, habrían continuado durante el sexenio de López Obrador, bajo el manto de la Sedena e incluso con contratos adjudicados por el INM, según reveló la investigación Ejército Espía.
Lo más preocupante, quizás, no es la veracidad inmediata de los 25 millones de dólares, sino lo que el caso vuelve a poner sobre la mesa: un sistema de vigilancia utilizado sin control, contratos públicos con poca transparencia, y una red de poder transnacional capaz de mutar y persistir sexenio tras sexenio. Si algo sugiere este nuevo escándalo, es que el “software fraudulento” –como lo llamó The Marker– fue solo la punta del iceberg de una maquinaria de vigilancia más amplia, en la que las “inversiones” no eran solo económicas, sino políticas y estructurales.
