La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Haibatullah Akhundzada, líder supremo de los talibanes, y Abdul Hakim Haqqani, presidente del Tribunal Supremo afgano. Ambos son señalados de ordenar, inducir o solicitar crímenes de lesa humanidad por motivos de género. Desde que retomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, las restricciones impuestas contra mujeres y niñas han sido brutales: se les ha prohibido estudiar más allá del sexto grado, transitar sin acompañamiento masculino, mostrarse en público sin cubrir rostro y cuerpo, e incluso mirar a hombres que no sean parientes.
Pero la decisión de la CPI, anunciada el 8 de julio de 2025, no se limita a este espectro. Según el tribunal con sede en La Haya, también fueron blanco de persecución personas “que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género”, así como aliadas de mujeres y niñas, lo cual incluye a miembros de la comunidad LGBTQ+. Este reconocimiento marca un precedente histórico. Como enfatizó Lisa Davis, asesora especial sobre género del tribunal, es la primera vez que un tribunal internacional admite formalmente que las personas LGBTQ+ son víctimas de crímenes de lesa humanidad por persecución de género.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, quien solicitó las órdenes desde enero, subrayó que los talibanes han privado de forma “severa” a las niñas y mujeres de derechos fundamentales como la educación, la privacidad, la vida familiar y libertades básicas como la de pensamiento, conciencia y religión. Y aunque la Fiscalía había dejado en segundo plano las investigaciones por crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses o el antiguo gobierno afgano, ahora centra su atención en las acciones del régimen talibán y del Estado Islámico en Afganistán.
Por su parte, el gobierno talibán rechazó categóricamente las órdenes, tachándolas de “absurdas” y sin fundamento. En un comunicado, el portavoz Zabihullah Mujahid desestimó la legitimidad del tribunal, asegurando que “no reconocen ninguna institución bajo ese título ni tienen obligación alguna hacia ella”.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional celebraron la decisión. Para Liz Evenson, directora de justicia internacional en HRW, esta acción “ofrece a las víctimas y a sus familias una vía esencial para obtener justicia”. La secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, la calificó como un paso crucial en la rendición de cuentas por la privación sistemática de derechos por razones de género.
Aunque las órdenes marcan un hito jurídico, su ejecución enfrenta obstáculos. La CPI no cuenta con una fuerza policial propia y depende de la cooperación de sus 125 Estados miembros. Dado el limitado movimiento internacional de los líderes talibanes, su arresto inmediato parece improbable. Aun así, las implicaciones diplomáticas son significativas: cualquier viaje al extranjero por parte de los acusados los coloca bajo el riesgo de detención.
Más allá del terreno legal, esta resolución redefine los límites de lo que constituye un crimen de lesa humanidad y abre un nuevo capítulo en el reconocimiento internacional de las violencias por motivos de género, orientación sexual e identidad. Un precedente que, como suele pasar en estos casos, quizá no cambie el régimen talibán, pero sí el modo en que el mundo lo mira.
