El caso de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, heredero de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, sigue generando titulares no solo por su peso criminal sino por el juego estratégico entre cortes y fiscalías que rodea su posible sentencia. Esta semana, la Corte del Distrito Norte de Illinois decidió aplazar hasta el viernes 11 de julio la audiencia en la que Ovidio tenía previsto declararse culpable como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense.
Aunque el documento judicial del aplazamiento no ofreció una razón específica —más allá de mencionar que fue “por moción del propio Tribunal”—, la periodista Keegan Hamilton detalló que el retraso responde a una reconfiguración judicial en curso: Guzmán formalizó el 1 de julio su deseo de declararse culpable, lo que motivó a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York a desestimar sus cargos y transferir el caso a Chicago, donde se concentran la mayoría de los delitos imputados.
Este movimiento se ampara en la Regla 20 del sistema judicial estadounidense, que permite transferir casos entre distritos para agilizar procedimientos, y evidencia un intento por unificar el proceso judicial contra Ovidio. La jugada también podría ser clave para negociar beneficios procesales: como apuntó una de las notas, con su declaración anticipada, el hijo del “Chapo” busca reducir una condena que podría alcanzar niveles similares a los de su padre, actualmente sentenciado a cadena perpetua.
Ovidio enfrenta al menos 11 cargos criminales, incluyendo conspiración para traficar fentanilo, pertenencia a una empresa criminal continua, lavado de dinero y uso ilegal de armas. La audiencia del viernes podría consolidar su culpabilidad y abrir el camino a una colaboración con la fiscalía, en línea con los rumores sobre que tanto él como su hermano Joaquín estarían negociando reducciones de pena.
Detrás de esta serie de movimientos legales se encuentra una historia reciente de detenciones y liberaciones mediáticas. Guzmán fue capturado por primera vez en 2019, durante el llamado “Culiacanazo”, y liberado poco después por órdenes del entonces presidente López Obrador, tras la violenta reacción del cártel. Fue recapturado en enero de 2023, días antes de la visita de Joe Biden a México, y extraditado en septiembre del mismo año a Estados Unidos, donde fue ubicado en el centro penitenciario de Chicago.
El caso de Ovidio no solo ilustra la transnacionalidad del crimen organizado, sino también la forma en que se negocia justicia al más alto nivel. El giro que ha dado su proceso judicial podría tener implicaciones mayores: según informes extraoficiales, otras figuras del cártel como “El Mayo” Zambada y varios familiares de Los Chapitos estarían en la mira o incluso en tránsito hacia EEUU.
En este tablero geopolítico, donde el fentanilo se ha convertido en ficha clave de las tensiones bilaterales, la narrativa ya no solo es criminal, sino estratégica. Ovidio podría ser más útil hablando que cumpliendo cadena perpetua. Y ese, parece, es el guion que las cortes estadounidenses están empezando a escribir.
