En el corazón de la elección judicial celebrada el 1 de junio de 2025, una denuncia activó las alarmas: la asociación civil Proyecto Justicia Común (PROJUC) acusó al partido Morena y al gobierno de la Ciudad de México de utilizar recursos públicos para inducir el voto mediante la llamada “operación acordeón”. Sin embargo, el caso no prosperó más allá del papel: tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimaron la investigación, alegando falta de pruebas. Lo que siguió fue un choque entre la fe en el periodismo como elemento probatorio y la rigidez procedimental de las instituciones electorales.
La “operación acordeón” fue documentada por Reforma, según señaló PROJUC, como un mecanismo de movilización electoral que involucró el uso de una plataforma digital —registros.territorios.mx—, supuestamente diseñada para monitorear en tiempo real el acarreo de votantes captados por brigadistas del gobierno capitalino. A estos se les habrían pagado 8 mil pesos con cheques emitidos desde la tesorería local mediante Banca Afirme. Las acusaciones incluían uso indebido de recursos públicos, coacción del voto e inequidad en la contienda judicial. Pero para las autoridades, los elementos aportados —capturas de pantalla, enlaces periodísticos y denuncias ciudadanas— resultaron insuficientes.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, el TEPJF respaldó la decisión del INE de no abrir una investigación formal. El proyecto fue promovido por el magistrado Felipe de la Mata, quien argumentó que los elementos presentados carecían de precisión sobre el “modo, tiempo y lugar” de los hechos denunciados. El magistrado Felipe Fuentes insistió en que “las autoridades no pueden actuar solo por meros rumores” o por lo que se dice en redes sociales, advirtiendo que convertir los procedimientos sancionadores en “pesca de indicios” desvirtúa su función constitucional.
No obstante, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, único voto en contra, ofreció un posicionamiento más flexible. Para él, el INE sí contaba con herramientas suficientes para investigar: requerir información a la policía cibernética, a los bancos, o incluso al medio que publicó las notas. Rodríguez subrayó que la carga probatoria para los ciudadanos no debería ser tan estricta, dado que las autoridades sí tienen facultades para realizar averiguaciones serias. Dejar esa carga exclusivamente en manos de los denunciantes, dijo, impone barreras desproporcionadas a la participación ciudadana en la vigilancia democrática.
En una línea crítica similar, la magistrada Janine Otálora, aunque votó a favor del cierre del caso, matizó que no era razonable exigir a la organización demostrar el impacto electoral de la propaganda antes de la jornada de votación. Aun así, su voto se alineó con la mayoría, cerrando la puerta a esta queja específica, pero no al tema en su conjunto.
El fondo del asunto no es únicamente jurídico, sino político e institucional. Si bien la denuncia de PROJUC no cumplía con los estándares formales exigidos, el caso revela una tensión de fondo entre la denuncia ciudadana apoyada en medios periodísticos y la actuación de las instituciones que, en nombre de la objetividad, exigen pruebas que sólo ellas podrían investigar con eficacia.
En un contexto electoral donde la sospecha sobre el uso de recursos públicos sigue latente, la resolución deja más preguntas que certezas. ¿Qué tipo de pruebas puede aportar una organización civil cuando las herramientas investigativas están en manos del Estado? ¿Cuándo una investigación periodística deja de ser “mero rumor” y se convierte en una base legítima de fiscalización?
La sentencia no cierra del todo el expediente de la “operación acordeón”. Pero sí deja claro que, bajo las reglas actuales, sin una grabación, una factura o un testimonio presencial con coordenadas exactas, ni siquiera los mecanismos más sofisticados de movilización electoral encubierta encontrarán eco en las instituciones.
