De nuevo un caso que ha encendido el debate entre libertad de expresión y violencia política. Ahora el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero ordenó al medio Acapulco Trends y a su director, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, ofrecer disculpas públicas a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por incurrir en lo que calificaron como “violencia política contra las mujeres en razón de género”.
Y como el caso de ‘DATO PROTEGIDO’, durante los próximos 15 días, Acapulco Trends deberá publicar disculpas en su página de Facebook hacia la alcaldesa. Todo esto, según el Tribunal, por una serie de publicaciones que, aunque presentadas como investigación periodística, “no están amparadas por la libertad de expresión”.
Acapulco Trends deberá disculparse con alcaldesa de Acapulco
El medio había publicado una investigación en la que señalaba a Abelina López por un presunto desvío de más de 898 millones de pesos. Una acusación de ese tamaño claramente prendió alertas… pero en vez de recibir una respuesta contundente desde lo administrativo o judicial, lo que vino fue una denuncia por violencia política de género. Y el Tribunal le dio la razón a la alcaldesa.
“El contenido no se considera protegido por la libertad de expresión”, señalaron. ¿La razón? Que las publicaciones constituían una forma de violencia política de género al centrarse en atacar a la funcionaria por su condición de mujer en el ámbito público.
“¿Desde cuándo cuestionar el uso del presupuesto es violencia de género?”, se preguntan muchos, al considerar que esta resolución puede abrir la puerta para que más figuras públicas —especialmente aquellas con poder— usen las leyes de protección para silenciar las críticas incómodas.
Y mientras medios como Acapulco Trends enfrentan sanciones por criticar a funcionarios, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Reporteros asesinados, amenazas impunes y agresiones constantes son parte del día a día… pero en esos casos, la ley casi nunca actúa con esta rapidez ni con esta contundencia.
Entonces, ¿la ley sirve para proteger a mujeres en la política o para blindarlas del escrutinio? ¿Qué pasa cuando una crítica legítima a la gestión pública se interpreta como ataque de género?
