El corazón de Leónidas
En una jornada épica, digna de cualquier guion de suspenso, un puñado de jueces de carrera judicial dio la última batalla jurídica por defender tanto la Constitución Federal como la local, y combatir los resultados de la pasada elección judicial, que daba por electas a personas que no cumplían con los requisitos jurisdiccionales. A través de diversos medios de impugnación, aquellos jueces pudieron evidenciar que algunos de los entonces candidatos que participaron en la elección -y que resultaron electos- lo hicieron a partir de una deficiente validación hecha por los comités de evaluación creados para ese efecto, así como por omisiones en la verificación de esos requisitos por parte del Instituto Estatal Electoral.
Correspondió, de esa manera, al Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en una actuación sólida, democrática y valerosa, y con plena autonomía, revisar caso por caso las impugnaciones planteadas, detectando -a partir de los argumentos hechos valer por los inconformes- a aquellos perfiles que, no obstante haber tenido la mayoría de los votos con sus nombres impresos en los llamados “acordeones”, no habían logrado acreditar las exigencias constitucionales para contender. Así, en medio de una elección judicial salpicada de interrogantes sobre los perfiles de las personas candidatas -sospechosamente cercanas al partido y a personalidades políticas en el poder-, sobre los “acordeones” que “sugerían” sospechosamente votar por esos mismos perfiles, y de la forma en que se realizó el conteo de los votos -no por ciudadanos, como regularmente se hace-, trascendió la peor de todas las manchas: el incumplimiento de las exigencias y requisitos constitucionales para que esas personas pudieran ser elegibles.
¿Quién es responsable de que tales personas hayan logrado estar en una boleta electoral? ¿Tal vez los comités de evaluación no hicieron un trabajo metódico y acucioso? ¿O el Instituto Estatal Electoral, que, aun teniendo la obligación de verificar si cumplían con los requisitos constitucionales, lo dejó pasar? ¿O, más probablemente, aquella persona que se empecinó en colocar estratégicamente “piezas” en lugares claves de la administración de justicia, pensando que los requisitos exigidos eran nimiedades? Seguramente todo a la vez.
Con los preparativos de la elección de 2027 en puerta, habría que preguntarse si resulta políticamente costeable para aquellos cuyos triunfos fueron revocados seguir adelante en otras instancias electorales. ¿Qué pasará cuando se descubra que otras personas electas -cuyos triunfos no fueron impugnados- tampoco cumplían requisitos constitucionales para ejercer el cargo? En política, forma es fondo. En el manual de operación de la pasada elección judicial hubo un elemento que quizás no fue debidamente valorado por la mano que meció la cuna: juristas de cepa estaban dispuestos a pelear hasta el final en el terreno que mejor conocen: el territorio jurisdiccional. Disipado el humo del fragor de la batalla, los resultados están a la vista: se han revocado las constancias de mayoría de diversas personas que nunca debieron contender. Esos jueces cumplieron su deber; no se trató de ellos, sino de defender a la sociedad toda y principalmente a la Constitución, honrando así el juramento que hicieron al ser nombrados jueces de carrera judicial: cumplir y hacer cumplir la Constitución. Eso no fue una frase vacía. Hoy, todos esos jueces son Leónidas; apenas un puñado enfrentado a todo un aparato. Con su triunfo, ganamos todos.
Cualquier cosa la reformamos después
Se tardaron en publicarla, pero al fin lo hicieron: la polémica reforma en cuanto al tema de narcomantas ya entró en vigor. Desde su génesis, tanto la oposición como diversos grupos de medios de comunicación mostraron su inconformidad respecto a la redacción de la reforma, la cual, tal como viene, abre la puerta para atentar contra la libertad de expresión e incluso sancionar a los medios por dar a conocer noticias relacionadas con la difusión de narcomantas.
Los errores, nos dicen, pudieron haberse corregido. Pero como ya es costumbre del Congreso local, se legisló al vapor y a las carreras: solo dos días hábiles pasaron para que la iniciativa estuviera en pleno proceso de discusión y hasta aprobada. Tardó poco más de un mes en publicarse, y se desconoce por qué se dejó pasar tanto tiempo. Al advertirse que la redacción traería consigo contradicciones de fondo -que incluso podrían caer en el supuesto de apología del delito-, la promovente de la iniciativa (Nancy Gutiérrez Ruvalcaba) y su líder de bancada (Alma Hilda Medina) dijeron que se podrían corregir.
¿Pero qué necesidad?
Lo que sigue quedando en interrogante es la necesidad de que se siga legislando al vapor, sin forma y sin fondo. Los diputados locales comienzan a aprender las mañas y maromas que aplica el oficialismo en el Congreso de la Unión, donde se brincan todos los procesos y protocolos con tal de que salgan sus reformas. Por tanto, a nivel local, no tienen nada que reclamar ni de qué admirarse de lo nacional.
En lugar de debatir y meterse de lleno al estudio de las propuestas -no tanto por generar conflictos con la oposición, sino por sentido común-, parece que eso pasa a segundo plano. Tienen prisa, no sabemos de qué, pero con tal de que digan que están trabajando, les importa poco estar legislando a lo 4T: a las carreras y con reformas sin revisar.
Ya hay fecha
Por fin se anunció la fecha para la apertura del Hospital Veterinario del Municipio de Aguascalientes. ¿Lo recuerda? Son aquellas instalaciones en las que corrieron a nuestro director editorial por grabar afuera de dicho lugar mientras realizaba un video en el que hablaba de la inoperatividad del hospital. Pues ahora ya hay fecha para que entre en funcionamiento: septiembre.
Mientras tanto, la autoridad municipal ha seguido atendiendo a las mascotas de la ciudadanía a través de quirófanos móviles. De acuerdo con información oficial, en lo que va del año se han aplicado 18 mil 240 vacunas antirrábicas, se han realizado 217 cirugías de esterilización a bajo costo, 419 cirugías de esterilización gratuitas y 121 desparasitaciones gratuitas.
Refuerzan estrategia de seguridad
En un encuentro encabezado por el secretario de Gobierno, Antonio Arámbula López, y representantes de las corporaciones federales y estatales, el Gobierno del Estado acordó reforzar el Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, mediante un trabajo coordinado que prioriza la vigilancia en fronteras, carreteras y puntos estratégicos urbanos y rurales.
Como parte de esta estrategia, este fin de semana llegaron 100 elementos de la Guardia Nacional para reforzar patrullajes en calles y carreteras de la capital y de municipios con mayor incidencia delictiva. La gobernadora Teresa Jiménez instruyó su despliegue inmediato para garantizar recorridos mixtos -a pie, motorizados y aéreos- en colonias de alta vulnerabilidad. Durante la reunión, Arámbula López subrayó que, bajo una política de cero tolerancia, se unirán capacidades y recursos con las fuerzas federales para blindar el estado contra cualquier conducta que ponga en riesgo a las familias.
El Gobierno estatal ratificó su compromiso de mantener patrullajes constantes, sobrevuelos de reconocimiento y controles de acceso en zonas críticas, con el objetivo de restablecer y preservar la paz social en todo el territorio.
Pacientes renales
Pacientes renales de Aguascalientes volvieron a manifestarse este martes frente a la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exigir ser incluidos en las decisiones relativas a la instalación de una “clínica improvisada” de hemodiálisis en un predio de la colonia Artillero Mier.
El colectivo, integrado por más de mil pacientes que actualmente reciben sus sesiones en clínicas subrogadas, advierte que la nueva unidad móvil, prometida para diciembre próximo, carece de infraestructura adecuada y podría poner en riesgo la calidad del tratamiento. “Hablan de una estructura desmontable con solo 95 máquinas, pero desconocemos por qué cancelan los contratos con nuestros proveedores actuales que cumplen la Norma 003 de hemodiálisis”, señaló Isayda Guido, vocera del grupo.
Desde hace un año, los pacientes han enfrentado ya cuatro cambios de clínica sin recibir explicación oficial. El documento de licitación, publicado el 20 de junio, solo detalla que la clínica móvil operará de 2025 a 2028 y que su diseño permitirá trasladarla a otras zonas. Sin embargo, el comité exige conocer los criterios técnicos que avalen esta transición y pide un diálogo directo con el delegado estatal del IMSS, pues hasta ahora las solicitudes de reunión han sido ignoradas.
El colectivo demanda transparencia, certeza médica y la creación de un comité mixto (pacientes-autoridades) que vigile el cumplimiento de los estándares de calidad. Advierten que, de no obtener respuesta antes del 15 de agosto, intensificarán sus protestas y buscarán el respaldo de organismos de derechos humanos y de salud.
Vínculos
La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga un posible vínculo entre los 18 sujetos detenidos el pasado sábado 26 de julio en un presunto campamento delictivo en Rincón de Romos y al menos cuatro personas reportadas como desaparecidas en la entidad.
Durante el operativo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales, además de los detenidos, se aseguraron armas largas de uso exclusivo del Ejército, chalecos tácticos, municiones e incluso un lanzagranadas, por lo que los detenidos fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR) al tratarse de un delito federal.
En un llamado dirigido a colectivos de búsqueda y a las familias afectadas, la Fiscalía exhortó a quienes tengan un familiar desaparecido a presentarse cuanto antes en sus oficinas para colaborar en el proceso de identificación. Asimismo, se trabaja en coordinación con organismos civiles para intercambiar información y esclarecer si estos cuatro casos derivaron en desaparición forzada o si, por el contrario, las personas en cuestión se integraron voluntariamente a la delincuencia organizada. La Fiscalía reiteró que continuará ampliando las indagatorias, y que cualquier hallazgo se dará a conocer a la brevedad para garantizar justicia y dar respuestas a las familias.
Indicadores de la actividad económica
El INEGI dio a conocer el informe trimestral de actividad económica y Aguascalientes presenta variaciones anuales positivas. De manera general, hay un incremento de actividades económicas del 1.6%.
En cuanto a las actividades primarias, que son aquellas dedicadas a la obtención y extracción directa de recursos naturales (como agricultura, ganadería, pesca), el indicador mostró una reducción del 0.6%. En lo que respecta a las actividades secundarias -transformación de materias primas, construcción, industria, manufactura- hubo un incremento del 1.3%. Finalmente, las actividades terciarias, también llamadas sector servicios, registraron un incremento del 2.1%.
Estos indicadores colocan a la entidad en la posición 13 a nivel nacional en cuanto a crecimiento económico.
Bien por Aguascalientes, mal por Morelos
La reciente confirmación del cierre de la planta Nissan en Morelos y el fortalecimiento de operaciones en Aguascalientes revela que las gestiones internacionales de la gobernadora Teresa Jiménez no han sido en vano. Las visitas a Japón y el diálogo directo con altos ejecutivos rindieron frutos: confianza, inversión y empleos. Mientras otros estados pierden competitividad, Aguascalientes consolida su posición estratégica en el mapa automotriz global. No es casualidad, es resultado de planeación y visión. Ahora toca aprovechar esta nueva oportunidad con inteligencia: infraestructura, capacitación y sostenibilidad. Porque atraer inversión es apenas el primer paso; lo difícil es hacer que se quede.
