Plaza Pública La nueva composición de la SCJN: riesgos y oportunidades
El 1 de septiembre próximo, luego de la reforma constitucional en la materia y la consiguiente primera elección judicial, que desde luego arroja inevitablemente luces y sombras, inicia la integración de una renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya no tendrá 11, sino 9 integrantes, con la llegada de las y los nuevos ministros y la inminente asunción de un nuevo ministro presidente de origen indígena (mixteco), lo que marca un punto de inflexión para el Poder Judicial en México. Así, en un contexto político ya antes polarizado y con reformas constitucionales controversiales a debate, la nueva Corte enfrentará el enorme desafío de equilibrar independencia, gobernabilidad y derechos fundamentales. Apuntamos brevemente a esta entrega algunos posibles riesgos (politización, injerencia ejecutiva) y oportunidades (fortalecimiento democrático, agenda progresista) que plantea esta reconfiguración, así como su impacto para la vida pública en tiempos del “segundo piso” de la 4T.
Entre los riesgos evidentes están la inexperiencia y/o posible corrupción de los nuevos funcionarios judiciales, así como la posible erosión de la frágil y precaria independencia judicial, puesto que sabemos bien que la Corte no funciona en el vacío. También sabemos que su integración evidentemente fue politizada a través del trabajo de los comités de selección cercanos al gobierno, lo que arriesga a la Corte a ser una mera ratificadora automática de políticas y decisiones oficiales, socavando así su papel como contrapeso teórico de los otros dos poderes del estado. Ejemplos claros de ello son las discusiones sobre la reforma electoral en puerta o la militarización de la seguridad pública, que es contraria al espíritu de la Constitución antes de las reformas recientes. También existirá por un tiempo una buena dosis de incertidumbre, hasta ver qué tipo de interpretación se dará ahora al marco constitucional y legal, donde es claro que un órgano judicial dependiente, perdería aún más su precaria legitimación social, y con ella, la capacidad de ser el árbitro privilegiado de las controversias y de su solución por medios pacíficos.
Pese a los riesgos, la renovación de la Corte también abre enormes oportunidades y caminos para poner la agenda de los derechos humanos al centro de las políticas públicas en los tres niveles y ordenes de gobierno, siguiendo la estela de numerosas sentencias consideradas progresistas, como la despenalización del aborto en 2021 o algunas de las emitidas en la protección de la naturaleza o de los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
Esta renovación también brinda la oportunidad de frenar la corrupción sistémica y el uso arbitrario del poder público. Una Corte transparente, dialogante, que escuche, atienda y procese viejas y nuevas demandas ciudadanas (corrupción, violencia de género, medio ambiente, pueblos originarios, derechos reproductivos) podría atemperar la histórica desconfianza en jueces y ministros, hoy en mínimos históricos y donde, según encuestas como Latinobarómetro, solo el 23% de mexicanos confía en el Poder Judicial. Un dato clave: en 2023, el 60% de las resoluciones de la Corte fueron por unanimidad, lo que nos sugiere que hay margen para construir consensos en la interpretación constitucional.
En cuanto al factor político e internacional y la posibilidad real de la Corte de comparar y aprender de sus pares en la región y en el mundo, se puede decir que México no está solo en sus debates sobre el Poder Judicial. Experiencias recientes como la de la Suprema Corte de EUA (con su giro a la derecha de inspiración “trumpiana”), o bien el caso de la Corte Constitucional colombiana (que es líder en ambientalismo, derechos de naturaleza o sociales), muestran que hay espacio para una independencia judicial transformadora, donde la SCJN podría adoptar estándares globales (ej. tratados ambientales o laborales), o evitar la “judicialización de la política” y el lawfare, como en el mismo caso estadounidense, con una Suprema Corte plegada al titular del Ejecutivo, o el caso del Brasil de Bolsonaro, en la involucionaría Argentina de Milei, pero también en el caso del elitismo y corrupción de los jueces retrógrados de la España posfranquista.
En conclusión, la nueva SCJN se enfrenta tanto a una verdadera encrucijada como a un dilema: podría ser recordada en el futuro como un apéndice más del poder económico y político, pero también como un nuevo bastión de la gobernabilidad y del equilibrio democrático que fue casi inexistente históricamente y también durante su conformación anterior. Para ello debería priorizar los derechos humanos fundamentales de personas, pueblos, colectivos y comunidades en sus sentencias. Especialmente de los colectivos que enfrentan peores condiciones de marginación. Así que será clave proteger su autonomía frente a la presión interna y externa y actuar con transparencia y vocación democrática en sus determinaciones. Solo así podrá legitimar su discutida elección y ganar paulatinamente el apoyo ciudadano que la convertirá en un verdadero poder de contrapeso en el Estado. El futuro democrático e institucional de México depende, en parte, de que la Corte elija ser un mero termómetro de los vaivenes políticos o bien la primera piedra de la urgente construcción de un estado democrático, social y de derecho.
El autor es jurista. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).
@efpasillas
