La encrucijada
Aguascalientes vive un momento decisivo en la atención a pacientes con enfermedad renal crónica. El pasado 2 de agosto, el IMSS estatal presentó ante los derechohabientes y sus familiares el nuevo Sistema Integral de Unidad de Hemodiálisis (SIUH), prometiendo mayor capacidad, tecnología de punta y un enfoque humanizado en el tratamiento sustitutivo de la función renal. Sin embargo, junto con la esperanza, emergen dudas y protestas que no pueden soslayarse. En la reunión encabezada por el delegado estatal, Misael Ley Mejía, y especialistas de biomedicina, jurídico y atención al derechohabiente, se detallaron las claves del SIUH: 94 máquinas de hemodiálisis de última generación, monitoreo digitalizado de cada sesión y personal médico (nefrólogos, enfermería, trabajo social) sometido a capacitación continua. La ubicación estratégica al suroriente de la capital, pues cerca del 70 % de los pacientes actuales busca acortar tiempos de traslado y mejorar la cobertura.
No están convencidos
No obstante, la presentación oficial no ha acallado las inquietudes de la comunidad. El Comité de Pacientes Renales, presidido por Isaida Guido, advierte que la migración de más de mil derechohabientes podría poner en riesgo su salud si no existe claridad en los procesos de instalación, pruebas de máquinas y asignación de turnos. Señalan también que un cambio abrupto de ubicación y personal (incluso si se trata del mismo enfermero del IMSS) puede desajustar tratamientos consolidados tras años de rutinas estrictas. Las voces críticas subrayan otra arista: la licitación fue extendida de un año a tres, lo que despierta recelos sobre la continuidad y supervisión del proyecto. Además, organizaciones civiles han denunciado que la empresa adjudicada, vinculada a un consorcio de entretenimiento sin trayectoria médica, carecería de la experiencia necesaria para operar una unidad de alta complejidad como la de hemodiálisis. Aunque el IMSS defiende que todo el proceso cumplió con normatividad sanitaria y contó con la vigilancia de un testigo social, la sombra de un eventual desabasto o inconsistencias persiste. El reto de las autoridades sanitarias será demostrar con hechos que el SIUH no sólo funciona el día de su inauguración, sino que será sostenible en el tiempo, ajustándose al crecimiento de la demanda y a posibles contingencias.
Hasta llegar a Palacio Nacional
“Iremos a la mañanera”, advierte el Comité de Pacientes Renales, dispuesto a buscar la atención directa de la presidenta o de Zoé Robledo si no hay respuestas claras sobre la nueva clínica de hemodiálisis. Lo que para la institución es un avance tecnológico, para quienes dependen de una máquina tres veces por semana significa un cambio de vida y no necesariamente para mejor. Isaida Guido, presidenta del Comité y paciente renal, denuncia que la licitación pasó de un año a tres sin explicación, y que las 94 máquinas anunciadas (diseñadas para 1,058 derechohabientes) resultan insuficientes frente a la demanda real. Además, cuestiona la falta de consultas previas: ¿por qué negociar en oficinas cuando el calor extremo de un “cascarón de lámina” puede poner en riesgo la coagulación sanguínea de los enfermos? El amparo indirecto que hoy frena temporalmente la obra refleja el malestar acumulado: un juzgado de distrito reconoció la incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto y ordenó suspender trabajos en tanto se resuelven el fondo y posibles afectaciones a la salud . Para muchos, la promesa de trasladar al mismo personal de enfermería no compensa el trauma de perder la rutina: basta un enfermero distraído para desajustar semanas de control estricto de filtros y tiempos de coagulación. Desde la delegación estatal, el IMSS defiende que todo se ajustó a normas sanitarias y estándares de seguridad, y que la adjudicación contó con testigo social. Sin embargo, la comunidad renal reprueba la opacidad.
Se busca delegado
Desde 2022, el ISSSTE en Aguascalientes opera sin cabeza: no cuenta con delegado estatal y ha quedado reducido a una estructura descentralizada donde cada área actúa por su cuenta. Este limbo administrativo (que hoy cumple ya tres años) ha derivado en procesos dilatados, falta de coordinación y una creciente insatisfacción de trabajadores y derechohabientes. Por ello, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) ha elevado su voz y exige al gobierno federal la designación urgente de un delegado que unifique criterios y retome la conducción institucional. Normando López Meixueiro, secretario estatal de la FSTSE, enfatiza que “tenemos tres años que no hay delegado y ha sido muy complicado porque todos tienen autonomía que ha permitido que solamente nos podamos poner de acuerdo”. La ausencia de un delegado estatal no solo compromete la toma de decisiones en urgencias y atención médica, sino que obstaculiza la implementación de proyectos de infraestructura y la asignación eficiente de recursos. El ISSSTE de Aguascalientes cuenta con más de 250 mil derechohabientes, y sin una figura que articule entre la federación, el personal y los sindicatos, cualquier estrategia de mejora queda en el limbo.
A su casa después de 20 años
El 1 de agosto de 2025 pasará a la historia como el día en que Israel Vallarta Cisneros abandonó el penal del Altiplano tras casi dos décadas en prisión preventiva sin una sola sentencia firme. Su liberación, ordenada por la jueza Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Mariana Vieyra Valdez, puso fin a 20 años de un calvario jurídico y mediático que comenzó con un montaje televisivo y terminó convirtiéndose en un símbolo de las fallas del sistema de justicia mexicano. Detenido el 8 de diciembre de 2005 junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, Vallarta fue presentado en cadena nacional como supuesto líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”. La Agencia Federal de Investigaciones (AFI) orquestó una puesta en escena ante las cámaras de Televisa, que más tarde sería cuestionada por irregularidades en cadena de custodia y violaciones al debido proceso. Mientras Cassez recuperó la libertad en 2013, Vallarta quedó atrapado en el laberinto judicial, víctima de torturas, acusaciones sin pruebas y prolongadas prórrogas de prisión preventiva. La absolución definitiva llegó cuando la jueza Mariana Vieyra determinó que no se acreditó la comisión de los delitos de secuestro, delincuencia organizada ni posesión de armas por parte de Vallarta. Su decisión advirtió sobre la insuficiencia de pruebas presentadas por el Ministerio Público y remachó la postura de organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, que habían cuestionado la legalidad de la reclusión prolongada sin sentencia.
El debate sobre la prisión preventiva
Más allá del alivio personal, esta historia revela dos carencias estructurales: el uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa como herramienta de presión y la tentación de los poderes fácticos de impulsar montajes para ganar simpatía mediática y réditos políticos. La prolongada ausencia de controles efectivos y de comités de seguimiento ciudadano permitió que Vallarta pasara años en un limbo penal que atentaba contra sus garantías individuales. El reto ahora es convertir su liberación en un punto de partida para la reforma. Se requieren mecanismos de evaluación periódica de casos bajo prisión preventiva, transparencia en las pruebas que sustentan acusaciones de alto impacto y verdaderos canales de participación para víctimas de montajes judiciales. Solo así podrá la sociedad mexicana evitar que historias como la de Israel Vallarta se repitan y garantizar que la justicia deje de ser un anzuelo y recupere su espíritu esencial: sancionar culpables y exonerar a inocentes puntualmente.
Medios y política en el caso
Tras la liberación de Israel Vallarta ya existe un video del periodista Carlos Loret de Mola en donde se observa a la exsenadora, exsecretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, diciendo que Vallarta seguía detenido porque se le acusaban de otros delitos, los cuales no se dieron a conocer. Sin embargo la liberación de Vallarta abre también hechos aislados que involucran a más personas en su detención y refresca el imaginario colectivo con los montajes televisivos del sexenio de Felipe Calderón. Después de su liberación, Vallarta lanzó un mensaje contundente al periodista Carlos Loret de Mola: “Me debes una plática, una explicación”. En un video que circuló en redes sociales, Vallarta ofreció sus mejores deseos al exconductor de Televisa (“No te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón”), pero reclamó la conversación pendiente tanto de las grabaciones de su detención como de las audiencias judiciales que nunca se concretaron. Este cruce de palabras también abre la puerta a la reflexión sobre el equilibrio entre el derecho a informar y la presunción de inocencia. Si el periodismo cumple con su función de fiscalizar al poder, ¿qué mecanismos de autorregulación y rendición de cuentas existen cuando aquella fiscalización deviene en condena mediática? Vallarta anticipa que de esa plática pueden surgir verdades incómodas para quienes avalaron o difundieron el montaje.
ABC
Familiares de las víctimas de la tragedia de la Guardería ABC despertaron con una noticia largamente esperada: Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de aquella estancia infantil, fue detenida en el centro de detención de Eloy, Arizona, a raíz de una orden de reaprehensión emitida en México. Tras más de 16 años de litigios, amparos y recursos en los que las familias señalaron encubrimiento político y judicial, este arresto podría representar un avance decisivo para que se haga justicia por la muerte de 49 niños y las lesiones de más de 100 menores ocurridas el 5 de junio de 2009. El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres y madres de las víctimas, hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Presidencia de la República para que se agilice el proceso de extradición de Téllez Nieves. En una carta pública, Juana Luna Hernández (presidenta del grupo) advirtió que no aceptarán argumentos de “persecución política” promovidos por la defensa de la imputada en Estados Unidos, pues “es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política”. Los abogados de Téllez Nieves, según versiones periodísticas, estarían promoviendo una solicitud de asilo político en Estados Unidos alegando persecución. De prosperar ese argumento, abriría una nueva batalla legal que podría prolongar su estancia fuera del país, y con ello, la agonía de quienes buscan respuestas y resarcimiento. Para los padres, resulta inaceptable que se confunda “cine político” con el reclamo legítimo de justicia para más de un centenar de infantes afectados.
