Silvia Rocío Delgado García, jueza electa en el estado de Chihuahua, presentó el pasado 2 de mayo una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEECh) por presunta violencia política en razón de género (VPG) contra el medio local BI Noticias, con sede en Aguascalientes, y varios medios nacionales.
La denuncia se originó tras la publicación de la nota titulada “Exabogada de ‘El Chapo’ busca convertirse en jueza”, en la que se hizo referencia a su participación en la defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016. Delgado García señaló que la difusión de esta información, acompañada de alertas de organizaciones como Defensorxs, que la calificaron como “altamente riesgosa”, generó una campaña de desprestigio que afectó su honor y su derecho al ejercicio político.
En su queja, la jueza electa citó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 256 Bis, inciso f) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que tipifica como VPG cualquier acción que dañe la dignidad o derechos políticos de las mujeres. Solicitó medidas como:
- Una disculpa pública
- Inhabilitación de los responsables para ocupar cargos públicos
- Cursos obligatorios de perspectiva de género
- Inscripción de los medios denunciados en el registro de sancionados por VPG
- Una indemnización por daño moral
El IEECh admitió la queja a trámite y otorgó medidas de protección a favor de Delgado García, aunque rechazó las medidas cautelares solicitadas.
BI Noticias defiende interés público de la información
En respuesta, BI Noticias informó que prepara su defensa legal, argumentando que la cobertura se basó en información verificada y de interés público sobre una figura candidata a un cargo judicial. Según el medio, no existe un componente de violencia de género, ya que los datos difundidos forman parte de la trayectoria profesional de Delgado García.
La nota en cuestión destacó que la jueza electa integró el equipo legal de Guzmán Loera tras su recaptura en 2016, incluso promoviendo un amparo para mejorar sus condiciones carcelarias. Además, citó declaraciones públicas hechas por ella misma, como su afirmación de que “la extradición de Guzmán Loera era una cuestión política, un acuerdo entre gobiernos, sin respeto de la cuestión legal”, reproducida por Norte Digital en enero de 2017.
BI Noticias insiste en que señalar estos antecedentes no constituye un acto de violencia política, sino un ejercicio legítimo de libertad de expresión y acceso a la información en un contexto electoral.
