- Se cumplimentaron 173 órdenes de aprehensión, incluyendo nueve en otros estados
- En coordinación con el FBI, fue detenido un hombre acusado de delitos sexuales en Denver
- Se localizaron 40 personas reportadas como desaparecidas
Durante el mes de julio, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA), a través de la Agencia de Investigación Criminal, logró importantes avances en el combate a la delincuencia. En este periodo, se cumplimentaron 173 órdenes de aprehensión, de las cuales nueve se ejecutaron en otras entidades federativas y una más en colaboración con el FBI, reflejando un trabajo coordinado y sostenido por parte de la institución.
El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, informó que 70 personas fueron aseguradas por su presunta relación con delitos de alto impacto. Destacó el caso de un hombre buscado por el FBI por delitos sexuales y privación ilegal de la libertad cometidos en Denver, Colorado. Tras su fuga a México, fue localizado en la comunidad de Santiago, municipio de Pabellón de Arteaga, y detenido por las autoridades.
Como parte de estas acciones, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en coordinación con fiscalías de otros estados, lo que permitió capturar a presuntos responsables fuera de Aguascalientes. De igual forma, se detuvo a personas buscadas en otras entidades que se encontraban dentro del estado.
El fiscal también resaltó los logros en cateos realizados en 33 propiedades, donde se aseguraron armas de fuego, una granada, narcóticos y objetos robados. En total, fueron decomisados siete armas, 37 vehículos con reporte de robo o alteraciones, y 296 objetos vinculados con diversas investigaciones.
Por otro lado, el seguimiento a reportes de personas desaparecidas permitió localizar a 40 de ellas, quienes regresaron con sus familias. Además, se cumplimentaron 48 órdenes de comparecencia y se obtuvieron vinculaciones a proceso gracias al trabajo de los Ministerios Públicos y el Instituto de Ciencias Forenses.
La FGEA reiteró su compromiso de mantener acciones firmes, con eficiencia, transparencia y pleno respeto a los derechos humanos, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
