Eloy Morales Brand, especialista en derechos humanos, advirtió que la FGR debe investigar posibles casos de reclutamiento forzado entre los detenidos en Rincón de Romos
Recordó que la ley obliga a verificar si las personas reportadas como desaparecidas no fueron forzadas a integrarse a la delincuencia organizada
Advirtió que el traslado de detenidos a CEFERESOS, aunque legal, complica el acceso de familiares y defensas, lo cual debe ser supervisado por jueces
Las autoridades tienen la obligación de investigar el posible reclutamiento forzado de jóvenes, especialmente menores de edad, en especial luego de la detección del presunto campamento detectado en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, advirtió Eloy Morales Brand, abogado especialista en derechos humanos y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).
Morales Brand explicó que la detención de las personas en dicho operativo se realizó conforme a la ley, al ser sorprendidas en flagrancia; sin embargo, subrayó que si existen denuncias de desaparición en torno a algunos de los detenidos, la Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a investigar a fondo: “En caso de que entre estas personas detenidas existan personas que habían sido denunciadas como desaparecidas, la autoridad tiene la obligación, no la policía, no el Ejército, pero sí la FGR, de investigar más a fondo el tema de la desaparición”.
El especialista subrayó la importancia de verificar si las desapariciones no fueron voluntarias. En este sentido, precisó que, aunque un adulto puede ausentarse sin previo aviso, esta posibilidad no aplica para menores de edad: “Ya sea menor o adulto, si hay una denuncia por desaparición la autoridad tiene la obligación de investigar a fondo esa desaparición para descartar un reclutamiento forzado”, y señaló que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece como delito el reclutamiento forzado, tipificado como la desaparición de personas con la finalidad de obligarlas a cometer delitos al servicio de organizaciones criminales.
“Es algo que no debe descartarse. Por el solo hecho de haber sido detenidos con armas y junto con otro grupo armado, debe analizarse si estas personas reportadas como desaparecidas no fueron obligadas a integrarse a la delincuencia organizada, y si por temor a represalias no pudieron escapar”, explicó.
En seguida, Morales Brand subrayó que hasta el momento, la FGR no ha emitido una declaración oficial sobre este aspecto, limitándose a informar sobre la detección del centro de entrenamiento. Consideró fundamental que la Fiscalía no descarte esta línea de investigación.
En relación con el traslado de los detenidos a CEFERESOS fuera del estado, señaló que la ley permite estos movimientos debido a los convenios entre la federación y las entidades federativas; sin embargo, advirtió que este tipo de traslados deben ser ratificados por un juez o jueza, y representan un obstáculo para las familias y las defensas legales, pues dificultan el contacto y la adecuada defensa jurídica.
Finalmente, Morales Brand enfatizó que, ante la crisis de desapariciones en México, es urgente desarrollar acciones de prevención y análisis integral de las causas: “Creo que sería importante comenzar a trabajar estos temas, no solo con un protocolo desde una perspectiva que no sea simplemente la de los hechos visibles, sino viendo todas las circunstancias que llevaron a estas personas a esta situación”, concluyó.
