Cosas Veredes
Transporte digno, ¿para cuándo?
Pasan los años y el servicio de transporte público en Aguascalientes sigue siendo un calvario para la población que requiere usarlo para trasladarse a su trabajo, sus compras o estudios.
El crecimiento de la ciudad y la actividad económica en el estado ha propiciado que cada día sea más necesario el transporte como parte del espacio público, donde cientos de miles de personas viven y conviven en el trasiego de la vida cotidiana rumbo a su centro de trabajo, vivienda o escuela.
La promesa de que el servicio de transporte mejorará sigue siendo cosa de todos los días, semanas, meses y sexenios. Ha sido materia obligada de campañas electorales, pero el transporte público de nuestro estado sigue de mal en peor.
De acuerdo con la información compartida recientemente por el Colegio de Economistas, muchas personas pasan hasta cuatro horas diarias en el transporte público, lo cual se traduce en deterioro de su calidad de vida por agotamiento y la pérdida de su tiempo que debería ser libre para la convivencia familiar y el descanso.
Ese dato se queda corto para la población que vive fuera de la capital del estado, que además de traslados más prolongados en tiempo y distancia, también debe pagar más, por el transporte foráneo y luego también el urbano.
Por otra parte, la reciente Encuesta Ingreso Gasto en los Hogares (ENIGH 2025), que dio a conocer el INEGI, revela que después de los alimentos, el rubro que mayor porcentaje de gasto requiere de las familias de Aguascalientes es el transporte: absorbe el 22%, más incluso que la educación.
Nuestra legislación establece que el transporte es un servicio de interés público y está gestionado por el gobierno del estado. De tal manera, constituye una responsabilidad de las autoridades que la movilidad no signifique una carga o sacrificio para las familias, sino un servicio que permita mejorar su desempeño y calidad de vida.
Lo anterior eleva la movilidad a una condición de derechos humanos, y en ese sentido la actual situación del transporte público , y la ausencia de políticas públicas constituye ya una verdadera transgresión y afectación a la vida social de gran parte de la población.
Hace algunos años, en una campaña electoral se usó al transporte público como bandera prioritaria. Y el gobierno surgido entonces se comprometió a crear un nuevo sistema de transporte que facilitara la vida a las personas y sirviera como punto de inflexión para revertir la creciente inercia del uso del automóvil y del parque vehicular que ya es de .525 por habitante. Incluso se nombró al frente de la movilidad del estado a un profesional de la corriente del “urbanismo con sentido humano”.
El especialista fue despedido, y el resultado fue a la inversa: el prometido sistema de transporte público moderno, cómodo y asequible, cambió por vialidades de efímero “flujo continuo” y la construcción de puentes para que los peatones no estorbaran a los automóviles. El sistema de transporte terminó en un nuevo monopolio del servicio, que después de una liquidación conflictiva a los viejos concesionarios, sigue siendo insuficiente, deficiente y caro para la mayoría de los usuarios.
En ese aspecto, absurdamente, aunque se trata de un servicio de interés público, la rentabilidad sigue siendo un criterio básico en la operación de las empresas y concesionarios del transporte. Por lo tanto, acceder a tarifas especiales implica procedimientos complicados que, más que facilitarlo, parecieran destinados a obstaculizarlo.
Basta ver los requisitos para que los estudiantes obtengan los descuentos que establece la ley: acta de nacimiento, CURP, credencial escolar con fotografía, identificación oficial propia o de uno de los padres, comprobante de estudios y de domicilio reciente y presentarlos en el plazo que establece la empresa. Algo parecido para las tarifas para discapacitados, y ni pensar en la tarifa para la tercera edad.
En el transporte suburbano y foráneo las condiciones son peores; quien deba viajar de Calvillo a Aguascalientes, como cientos de estudiantes y trabajadores, debe pagar 200 pesos por ida y vuelta, además del costo del transporte en la ciudad. Quienes deben viajar desde Cosío, Rincón de Romos, Pabellón, Villa Juárez, etc., deben pagar $56 o más al día. Y de facto, los concesionarios de ese servicio, violando flagrantemente la ley, no aplican las tarifas especiales ni para estudiantes ni personas con discapacidad.
Es urgente modificar las políticas públicas en esa materia, pues mientras se destinan miles de millones a la infraestructura para el uso de automóviles, se regatea la inversión en transporte público.
El transporte público no es un servicio accesorio, como pudo serlo hace muchas décadas, cuando las distancias y la vida social permitían otras formas y horarios. Es un elemento indispensable para el desarrollo social y económico y se debe invertir en él. Lo más grave es la inacción y la falta de visión y planeación a mediano y largo plazo.
No habrá suficiente desarrollo social ni económico mientras no exista un sistema de transporte y movilidad asequible y digno en todo nuestro estado. Ignorar esa necesidad sólo revela el inmediatismo de nuestra clase política que durante décadas solo ha pensado en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones.
Seguramente escucharemos muchas promesas en las próximas campañas electorales, aunque lo deseable sería contar desde hace años con un plan maestro para el transporte digno y eficiente, con costos que no sean una carga para la economía familiar. Mientras tanto cada familia tendrá que buscar alguna carcachita para moverse en las cada vez más saturadas calles de nuestro Agüitas.
@gilbertocarloso
