Hablando de discapacidad con Ricky Martinez
El reto de la insuficiencia renal en Aguascalientes: entre la esperanza y la incertidumbre
En Aguascalientes, el debate sobre la atención a pacientes con insuficiencia renal ha tomado un rumbo complejo y delicado. En las últimas semanas, las voces de personas enfermas renales y sus familias han resonado con fuerza al exigir una atención digna, de calidad y transparente. Su clamor no es menor: se trata de la vida, la dignidad y los derechos de cientos de personas cuya existencia depende, literalmente, de un acceso seguro y constante a tratamientos como la hemodiálisis.
El problema se agudizó a partir de la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de implementar en Aguascalientes una clínica con condiciones de edificio portátil, destinada a la atención de pacientes renales y adjudicada a una empresa señalada previamente por irregularidades en otros procesos de licitación. Para los enfermos y sus familias, esta decisión resulta altamente cuestionable: consideran que, aunque en papel tenga especificaciones de clínica, en la práctica se trata de una instalación portable, con riesgos de ser un servicio improvisado.
A esta preocupación se suma otra: la promesa de que la clínica operará las 24 horas. Según testimonios de pacientes, esta medida, lejos de ser una solución, puede volverse contraproducente para su salud. La posibilidad de programar hemodiálisis en horarios de madrugada es calificada por ellos como inhumana, pues altera los ritmos vitales de un organismo ya debilitado, exponiéndolos a fatiga extrema y complicaciones.
Un problema de salud pública y discapacidad
La insuficiencia renal crónica no es solo una enfermedad: en muchos casos, deriva en discapacidad. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (2022), alrededor del 10% de la población adulta en México padece algún grado de enfermedad renal crónica, y de estos, cerca de 150 mil personas requieren terapias sustitutivas como diálisis o hemodiálisis. En Aguascalientes, se estima que más de 1,200 personas están bajo tratamientos de sustitución renal, cifra que año con año crece debido a la prevalencia de enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial.
Las comorbilidades más comunes entre pacientes renales —y que complican aún más su calidad de vida— incluyen:
- Diabetes mellitus tipo 2: presente en más del 40% de los casos
• Hipertensión arterial sistémica: hasta el 60% de los enfermos renales la padecen
• Cardiopatías y accidentes cerebrovasculares: consecuencia directa de la sobrecarga al sistema circulatorio
• Ceguera o debilidad visual: la retinopatía diabética es una causa frecuente
• Amputaciones y movilidad reducida: derivadas de la neuropatía diabética y complicaciones circulatorias
Cada una de estas condiciones, por sí sola, puede generar una discapacidad. Pero cuando convergen en una sola persona —como ocurre con miles de pacientes renales—, la vida diaria se transforma en un camino lleno de obstáculos. Desde la movilidad física hasta la autonomía económica, el enfermo renal enfrenta limitaciones que lo colocan, de facto, en el grupo de personas con discapacidad.
Esto no es una opinión: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), de la que México es Estado Parte, establece que cualquier condición de salud que limite la participación plena y efectiva de una persona en la sociedad bajo igualdad de condiciones constituye una discapacidad. En consecuencia, los pacientes renales tienen el derecho de exigir servicios de salud accesibles, de calidad y bajo un esquema de protección de derechos humanos.
El dilema de la clínica en condiciones de edificio portátil
El IMSS anunció que en Aguascalientes se instalará una clínica bajo condiciones de edificio portátil para atender la creciente demanda de pacientes renales. Desde la óptica de los enfermos, esto implica incertidumbre: sostienen que el concepto de “portable” transmite la idea de un servicio temporal, vulnerable y con limitaciones estructurales, cuando lo que se requiere es una infraestructura sólida, permanente y confiable.
El hecho de que la licitación haya sido adjudicada a una empresa con antecedentes cuestionables profundiza las dudas. Para los pacientes, estas decisiones parecen más relacionadas con intereses contractuales que con la vida de los usuarios. La exigencia es clara: no basta con inaugurar un edificio, es necesario garantizar calidad, seguridad y certeza.
La postura oficial del IMSS
Ante estas críticas, la Representación del IMSS en Aguascalientes ha dado a conocer su postura respecto al Sistema Integral de Unidad de Hemodiálisis (SIUH):
- A través de esta Unidad, el IMSS brindará atención directa a pacientes con enfermedad renal, a cargo de especialistas institucionales, lo que permitirá concentrar en estas instalaciones los servicios para las y los derechohabientes
• Contará con consultorios de nefrología, áreas de estabilización, zonas de aislamiento, sanitarios, estacionamiento y demás servicios necesarios para brindar atención con altos estándares de calidad, respaldados por especificaciones técnicas y de salud
• Se encuentra ubicada en Ciudad Satélite Morelos, en un predio con extensión de 4 mil 236 metros cuadrados, lo que acercará el servicio a las personas que viven al sur-oriente de la capital del estado, mismas que representan el 67% del total de pacientes en hemodiálisis
• El proceso de implementación del SIUH cumple con todas las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y se apega a las exigencias de licenciamientos a cargo de la COFEPRIS, toda vez que albergará máquinas de hemodiálisis de última generación que estarán disponibles para personas que trabajan de día o de noche
• Cabe destacar que el titular del Instituto en la entidad se ha reunido en dos ocasiones con familiares y pacientes, reiterando en todo momento su apertura al diálogo
• El IMSS en Aguascalientes reafirma su compromiso con la seguridad y salud de sus pacientes
Calidad de vida y derechos humanos
Hablar de insuficiencia renal no es hablar únicamente de un tratamiento médico. Es hablar de un proyecto de vida truncado. Cada sesión de hemodiálisis dura entre tres y cuatro horas, y debe realizarse entre dos y tres veces por semana. Esto significa que las personas enfermas deben organizar toda su vida —trabajo, escuela, familia— en función de la disponibilidad de una máquina.
La situación económica también es devastadora. Aunque el IMSS cubre a derechohabientes, miles de personas sin seguridad social deben recurrir a clínicas privadas, donde el costo por sesión ronda entre 1,000 y 1,800 pesos. En promedio, una persona gasta entre 12 mil y 20 mil pesos mensuales en tratamientos, lo que condena a muchas familias a la pobreza.
De ahí que la exigencia de los pacientes renales en Aguascalientes no sea menor: quieren certeza, quieren calidad y quieren transparencia. Una clínica en condiciones de edificio portátil, además con operación nocturna, no responde a la magnitud de esta problemática, según sus testimonios.
La discapacidad invisible
La sociedad suele asociar la discapacidad con lo visible: la silla de ruedas, el bastón blanco, la prótesis. Sin embargo, la insuficiencia renal muestra otra cara de la discapacidad: aquella que se vive en el desgaste físico, la dependencia médica y la imposibilidad de llevar una vida plena sin el acompañamiento de un tratamiento costoso y desgastante.
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) reconoce que enfermedades crónicas como la renal deben considerarse dentro del espectro de la discapacidad. Pero la realidad es que pocas políticas públicas se diseñan pensando en esta población. Los pacientes renales viven en una especie de limbo administrativo: no siempre son reconocidos formalmente como personas con discapacidad, pero enfrentan todas las barreras físicas, económicas y sociales de quienes sí tienen ese reconocimiento.
Conclusión: un llamado urgente
La clínica del IMSS en Aguascalientes —edificada bajo condiciones de edificio portátil— no puede ser vista como un simple recurso administrativo ni como una solución rápida a una demanda legítima. Si no garantiza calidad, transparencia y profesionalismo, será una nueva muestra de cómo las decisiones en materia de salud se toman sin escuchar a quienes realmente viven la enfermedad.
La insuficiencia renal es una condición que puede derivar en discapacidad y que coloca a las personas en un estado de vulnerabilidad extrema. Por ello, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga al Estado mexicano a garantizarles acceso a servicios de salud adecuados y libres de corrupción.
Apostar por clínicas improvisadas, concesiones cuestionables y atajos administrativos no solo es irresponsable: es, en términos claros, una violación a los derechos humanos.
El llamado de los pacientes renales de Aguascalientes es contundente: quieren vivir con dignidad, con certeza y con un sistema de salud que no los vea como un número más en una licitación, sino como personas con derechos.
