- Padres denuncian prácticas de abuso psicológico, físico y emocional en planteles supuestamente operados por el PT en Aguascalientes
- Las quejas formales ante el IEA no han derivado en acciones concretas; las escuelas continúan operando con normalidad
- La red de escuelas estaría supuestamente encabezada por una diputada federal, su esposo dirigente del PT y su hija, lo que sugiere un control político-familiar del sistema educativo
Un niño de dos años con el brazo lesionado al salir del aula. Una menor neurodivergente encerrada en una bodega por llorar. Una madre señalada como “alborotadora” tras denunciar acoso sexual a su hijo. Estas no son escenas ficticias, sino fragmentos de una realidad documentada por padres de familia en redes sociales y en quejas formales ante el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), en contra de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) Sierra Fría, supuestamente operados por aliados del Partido del Trabajo (PT) en la entidad.
Los testimonios y denuncias apuntan a un patrón sistemático de abuso infantil, encubrimiento, discriminación y amenazas que se repite en las sedes de Calvillo, San José de Gracia y el municipio capital, particularmente en el plantel ubicado en el fraccionamiento Vistas de Oriente. La constante: cuando las madres y padres alzan la voz, las represalias llegan rápido… pero no contra los agresores.
Violencia con uniforme
El ambiente descrito por padres de familia va más allá del bullying entre alumnos. Señalan que los principales generadores y solapadores de la violencia son los propios maestros y personal administrativo, muchos de ellos sin título profesional o con nombramientos cruzados entre niveles educativos. Las prácticas denunciadas incluyen: burlas hacia estudiantes con autismo o discapacidades; órdenes explícitas de un maestro para que los compañeros griten a una alumna que “no sabe barrer”; expulsiones arbitrarias de actividades artísticas por “bailar feo”; manipulación emocional y culpabilización por parte del personal de psicología, así como comentarios humillantes de pedagogas que llaman “burros” a los alumnos.
Uno de los testimonios más alarmantes relata cómo una niña fue convencida por la psicóloga del plantel de que si contaba a su mamá lo que le sucedía, ella se enojaría, pues todo lo que le pasaba era “por portarse mal”.
La factura del silencio
A pesar de que estos Cendis son beneficiarios del programa estatal “Desayunos Calientes” y reciben recursos federales, las cuotas impuestas van de los 800 a 1,200 pesos mensuales, sin recibo oficial alguno. Cuando algún padre cuestiona la legalidad del cobro o solicita transparencia, comienza el hostigamiento: negativas de reinscripción, obstaculización de trámites y vigilancia psicológica a los menores.
Una madre denunció que, tras exigir explicaciones por incidentes de acoso sexual hacia su hijo, fue etiquetada como “conflictiva” y posteriormente informada de que ya no había lugar para sus hijos el siguiente ciclo escolar. Decidió retirarlos por voluntad propia al no recibir atención ni respuestas del personal directivo.
¿Un negocio familiar?
El conflicto adquiere una dimensión política al revisar la cadena de mando: los CENDIs están dirigidos por Rosalía León Rosas, diputada federal por el PT, quien funge como directora general. Su esposo, Héctor Quiroz García, es el dirigente estatal del partido y principal gestor de estos centros. La directora del plantel de Vistas de Oriente es Diana Quiroz León, hija de ambos.
Para muchas madres y padres de familia, esto no solo representa un conflicto de interés, sino una estructura cerrada de poder que convierte las escuelas en negocios familiares con impunidad institucional.
El IEA y el eco del vacío
Padres de familia afirman que han presentado denuncias formales ante el Instituto de Educación de Aguascalientes, pero hasta ahora, las autoridades no han emitido sanciones, clausuras ni revisiones públicas a las escuelas. La omisión genera sospechas de corrupción o complicidad: ¿cómo es posible que, con múltiples reportes acumulados, las escuelas continúen operando con normalidad y que las prácticas se recrudezcan?
Además, la falta de supervisión se evidencia en irregularidades básicas: boletas firmadas por personas que nunca estuvieron frente a grupo, maestros sin cédula profesional enseñando niveles para los que no están capacitados, y ausencia total de canales de comunicación con los docentes.
El miedo a hablar
“Espero que más mamás alcen la voz y dejen de temer defender a sus hijos”, dice una denunciante. Su testimonio, al igual que muchos otros, fue compartido de manera anónima por temor a represalias, no solo contra ellas, sino directamente contra sus hijas e hijos. “La escuela te marca como problemática, y el precio lo pagan tus niños”, afirman.
En todos los casos documentados, la violencia estructural no termina con el incidente, sino que se prolonga en forma de castigo silencioso: aislamiento, intimidación, falsas promesas de atención, vigilancia emocional e incluso la negación del derecho a la educación.
