- Para Mariana Ávila, el contexto refleja una combinación de precarización laboral y omisiones estatales
- Actualmente, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes acompaña 46 procesos relacionados con reclutamiento forzado
Mariana Ávila, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, informó que tras el hallazgo del narco campamento en Rincón de Romos, la problemática del reclutamiento forzado de jóvenes en el estado ha quedado en evidencia y requiere mayor reconocimiento institucional.
Ávila explicó que varios de los jóvenes desaparecidos fueron captados mediante falsas promesas de trabajo. “Podemos hablar de reclutamiento forzado a partir de personas que acababan de ir a buscar un trabajo, que fueron a una cita, y la mayoría de ellos con algún oficio. Eso nos ayuda a entender cómo se está dando el reclutamiento en Aguascalientes, no necesariamente con redes sociales sino dentro de las comunidades”, señaló.
Entre los casos acompañados está el de Carlos, un joven de 18 años que salió a una entrevista de trabajo mes y medio antes del hallazgo del campamento y hoy enfrenta procesos judiciales. “Él ahorita está siendo procesado por tres delitos… afortunadamente la defensa ha logrado ir desmontando esos delitos”, indicó.
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La presidenta del Observatorio subrayó que algunos de los reclutados presentan condiciones de mayor vulnerabilidad: “Dentro de este grupo encontramos personas que no sabían leer y escribir y que tienen diagnóstico con neurodivergencia que les impedía incluso tomar algunas decisiones, y eso no ha sido tomado en cuenta por las autoridades”.
Para Ávila, el contexto refleja una combinación de precarización laboral y omisiones estatales, pues no se garantizan condiciones mínimas de empleo ni seguridad para los jóvenes en las comunidades.
Ávila hizo hincapié en que las autoridades deben asumir la gravedad de la problemática: “Hace falta que el Estado nombre lo que está sucediendo… la gobernadora tiene que reconocer la existencia de esta problemática y llamar a todo su gabinete para saber cómo va a intervenir. El fiscal, por supuesto, también lo tiene que nombrar, y a nivel federal tiene que haber una participación porque al día de hoy ha sido muy hostil con las familias de los 16 jóvenes que fueron trasladados a otros estados de la República”.
Actualmente, el Observatorio acompaña 46 procesos relacionados con reclutamiento forzado, de los cuales “por lo menos el 80% tiene que ver con estos patrones: personas de las mismas características que salieron por un tema de trabajo”, detalló.
Uno de los obstáculos que han identificado es que los casos no siempre son investigados como desaparición forzada: “No todas las carpetas se están llevando en el área de desaparición en la fiscalía especializada; están por secuestro. Eso cambia totalmente el protocolo y debilita el análisis de contexto”.
Respecto al trabajo con la Fiscalía, Ávila reconoció algunos avances con el nuevo titular especializado: “Con el nuevo fiscal especializado hemos tenido más cercanía en la generación de búsquedas, que no lo teníamos antes. Ya están participando en las búsquedas, eso nos parece importante porque nosotros encontrábamos algún indicio pero, por el debido proceso, no lo podíamos tocar. Necesitamos que esté el personal de la fiscalía para poder mostrar”.
Finalmente, explicó que en varios casos el Observatorio ha encontrado prendas, credenciales y carteras, que se documentan fotográficamente para ser entregadas a las autoridades. Sin embargo, advirtió que la delincuencia organizada también regresa a los puntos que no son resguardados: “Eso la autoridad tendría que visualizar”.
