- CCE Aguascalientes reitera su compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho
- Señalan fallas estructurales y baja participación ciudadana en la elección judicial 2025
- Exigen respeto a la ley en la designación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Las cámaras, colegios e instituciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes reiteran su compromiso con la legalidad y con el fortalecimiento del Estado de Derecho, indispensables para el desarrollo y la atracción de inversiones.
La elección judicial 2025 marcó un precedente inédito, pues por primera vez en la historia de México, jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular. Sin embargo, lejos de fortalecer al Poder Judicial, el proceso expuso fallas estructurales, vacíos legales y una preocupante tendencia a someter la justicia a intereses políticos.
Desde el inicio de la reforma, el sector empresarial señaló los múltiples riesgos que implicaba el modelo. Posteriormente, observadores ciudadanos documentaron la extremadamente baja participación en la elección —solo el 13% del padrón acudió a las urnas—, así como diversas prácticas indebidas que vulneraron la credibilidad del proceso.
Con la conclusión del proceso electoral judicial y el inicio de funciones del nuevo Poder Judicial federal y estatal, comienza ahora el verdadero reto: garantizar que quienes fueron electos ejerzan sus cargos con integridad y que las deficiencias estructurales no se repitan en el proceso de 2027.
En cuanto a la designación del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el CCEA exhorta a que se cumpla la ley, recordando que el mandato constitucional establece que la presidencia debe recaer en la persona con mayor votación, aplicando el criterio de género de forma alternada. Asimismo, se demanda que el proceso se lleve a cabo con total transparencia y respeto a los procedimientos.
Desde el CCE Aguascalientes se refrenda la voluntad de seguir impulsando un sistema de justicia que responda verdaderamente a los intereses de la ciudadanía. En este sentido, se considera urgente promover reformas que fortalezcan la carrera judicial basada en el mérito y la formación continua, establecer mecanismos de observación permanente, revisar la eficacia del modelo vigente y avanzar en un rediseño institucional que preserve la independencia del Poder Judicial y eleve la calidad democrática de su integración.
Impulsar un Poder Judicial fuerte, independiente y confiable es fundamental para que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones y para generar la certidumbre jurídica que requiere el desarrollo económico y social del país.
