- Perversa integración del juez Sexto Penal, el Procurador de Justicia, y Policía Ministerial
- Analizan la estrategia jurídica a seguir en contra de las autoridades locales
Informó en rueda de prensa el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Jorge López Martín, que el juez Tercero de Distrito radicado en Aguascalientes, Guillermo Baltazar y Jiménez decretó que fue ilegal la detención de que fuera objeto el pasado 28 de mayo el ex candidato a la gubernatura panista Martín Orozco Sandoval.
Agregó que con esta resolución queda comprobado que se quebranto el marco de la libertad en la que deberían de vivir no solo Martín Orozco sino todos los ciudadanos de Aguascalientes, ya que en Aguascalientes se utilizan las instituciones con fines políticos, se practica la represión y se actúa bajo consigna.
“La perversa integración de distintas autoridades que tienen nombre y apellido de diferentes ordenes de gobierno como el juez Sexto de lo Penal, Alfredo Quiroz García; el Procurador de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y la propia Policía Ministerial quedó exhibida por un juez federal”, afirmó.
Por su parte la abogada de Orozco Sandoval, Siomar Eline Estrada Cruz detalló que en la sentencia se señaló que el juez Sexto de lo Penal perteneciente al Poder Judicial del Estado, Alfredo Quiroz García, carecía de elementos para girar la orden de aprehensión que mantuvo en prisión al panista del 28 al 31 de mayo del presente año.
Sostuvo que el dictamen del juez ratifica que Martín Orozco sí se presentó en su momento a la práctica del estudio técnico interdisciplinario, además de que también justificó su inasistencia a firmar por motivos de salud en el mes de diciembre, por lo que la orden de aprehensión por estas dos causas fue ilegal.
“Que la actuación del juez local fue ilegal ya que se violaron las garantías individuales y los derechos jurídicos que concede la Constitución Mexicana en sus artículos 14 y 16 respectivamente, los cuales fueron vulnerados, colocándolo en incertidumbre jurídica”.
En conclusión, el juez de Distrito ordena al juez local dejar insubsistente su resolución del 16 de mayo del 2011 donde se revoca la libertad caucional y ordena la aprehensión así como todas las consecuencias jurídicas que de ello deriven.
Finalmente, mencionó que se analiza la estrategia jurídica a seguir en contra de las autoridades que violaron los derechos y garantías de Orozco, sin descartar presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra los responsables.
