- La comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y doctora en Derecho, Marcela López Serna, afirmó que a una década de la creación del sistema anticorrupción en México sí se han logrado avances, aunque aún existen rezagos importantes que limitan su alcance.
Destacó que ahora se cuenta con herramientas digitales que permiten monitorear contratistas inhabilitados y dar seguimiento a las personas involucradas en procesos de compra. “Antes no había una red nacional, los proveedores simplemente iban de un estado a otro haciendo fraudes; hoy eso se puede identificar con mayor precisión”, señaló.
López Serna explicó que, aunque el sistema anticorrupción está en una etapa de maduración constante, hay estados donde prácticamente se ha desmantelado por falta de apoyo. “En cerca de 10 estados del país, incluida la Ciudad de México, no existen comités de participación ciudadana, lo que refleja que el avance depende en gran medida de la voluntad política”, advirtió.
Uno de los retrocesos más preocupantes, dijo, es la desaparición de órganos autónomos que habían consolidado la transparencia y el acceso a la información. Esto, sumado al desfinanciamiento en algunos estados, manda “señales contradictorias” respecto a la verdadera intención de combatir la corrupción.
Sobre el reciente reconocimiento de la Marina respecto a irregularidades en el manejo de combustibles, la especialista lo consideró un hecho relevante: “Que una institución tan hermética lo reconozca es un símbolo importante, aunque también responde a la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha señalado pérdidas millonarias derivadas del huachicol fiscal”.
Añadió que si bien la Marina y el Ejército habían gozado de altos niveles de confianza ciudadana, históricamente también han estado ligados a abusos de poder y violaciones a derechos humanos, lo que desmitifica la idea de que se trata de instituciones “incorruptibles”.
López Serna explicó que resulta complejo calcular el costo real de la corrupción en México debido a que, al ser redes en las que participan distintos actores, muchas veces son los mismos implicados quienes ayudan a encubrir. “Con casos como los Guacamaya Leaks tuvimos acceso a datos que confirmaron lo evidente, pero lo cierto es que solo vemos la punta del iceberg”, indicó.
En este sentido, recalcó que las mediciones se basan principalmente en la percepción y en la victimización. Mientras la primera refleja lo que la sociedad cree sobre la corrupción, la segunda depende de si una persona ha tenido un contacto directo, por ejemplo, al verse obligada a dar una mordida. “Muchas veces la percepción es más alta de lo que en realidad ocurre, porque está profundamente arraigada en la cultura”, puntualizó.
Para la comisionada, la corrupción se ha normalizado a tal grado que en ocasiones se considera incluso “necesaria” para que avancen trámites o procesos. “No podemos ni normalizarla ni justificarla. Desde copiar en un examen hasta saltarse un alto, son prácticas que van alimentando el mismo círculo”, dijo.
Advirtió que mientras los ciudadanos perciban que “así funciona todo” y no exista protección para los denunciantes, difícilmente habrá un cambio: “Hoy, tanto la ciudadanía como los propios funcionarios enfrentan represalias al denunciar, y eso inhibe la participación”.
López Serna subrayó que la sociedad suele reaccionar con indignación frente a casos graves, como el desvío de recursos en el sector salud, pero muestra tolerancia hacia actos considerados menores, como dar un obsequio para agilizar un trámite: “Ahí radica el problema: todos nos vemos beneficiados de alguna manera y eso hace imposible pensar en su erradicación total”.
Finalmente, insistió en que la clave está en la prevención y en la educación a largo plazo: “Son medidas cuyos frutos se ven más tarde, pero son las únicas que pueden sembrar cambios firmes. Lo importante es dejar de ver la corrupción como algo inevitable”.
