- Ante la reciente decisión del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), de reactivar una denuncia del año 2021, contra algunas consejeras y consejeros electorales, relacionada con la decisión colegiada del Consejo General de posponer temporalmente la organización de la Revocación de Mandato, ante la falta de recursos derivada de un recorte presupuestal impuesto por la Cámara de Diputados, las consejerías del Instituto coincidieron en que la pluralidad de visiones y criterios entre las y los integrantes de su Consejo General constituyen un pilar de la democracia mexicana. Esa diversidad fortalece a la institución y garantiza que sus decisiones se adopten de manera transparente, democrática y en estricto apego a la Constitución y a las leyes que la rigen.
El Consejo General del INE delibera y resuelve bajo el principio de colegialidad. Esto significa que las decisiones se adoptan de manera conjunta, y que ninguna valoración individual puede ser objeto de persecución administrativa o sanción externa. Conforme lo establece el marco constitucional, la revisión de los actos y acuerdos del Consejo corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que garantiza el control constitucional y legal de todos los actos y resoluciones en materia electoral.
La independencia de criterio es un valor indispensable en el ejercicio de la función electoral. Las posturas de un órgano colegiado son parte del espíritu democrático, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por las normas jurídicas a sus integrantes. Las posturas que sostienen en votación son parte del espíritu democrático del INE. Las y los consejeros electorales coinciden en que tienen la plena libertad para emitir votos con base en convicciones jurídicas y técnicas, sin presiones ni condicionamientos.
En este sentido, las y los consejeros refrendan su compromiso con la defensa de la autonomía, la independencia y la pluralidad que caracteriza al INE como órgano constitucional autónomo. Estos principios son indispensables para que la ciudadanía tenga certeza de que las decisiones del Instituto se toman de manera imparcial, libre de presiones políticas y en beneficio de la vida democrática del país.
