- Alejandra Peña advirtió que la reforma al artículo 178F del Código Penal podría criminalizar la protesta y vulnerar la libertad de expresión en Aguascalientes
- Expresiones ciudadanas como carteles, lonas o columnas críticas podrían castigarse con penas de 1 a 4 años de prisión por considerarse “mensajes intimidatorios”
- La diputada llamó a derogar la reforma por ser ambigua, inconstitucional y peligrosa para los derechos civiles y la protesta legítima
“La libertad de expresión y el derecho a la protesta están en riesgo”, advirtió la diputada Ale Peña, al referirse a la reciente reforma al artículo 178F del Código Penal de Aguascalientes, aprobada por mayoría panista en el Congreso local. Según explicó la legisladora, la modificación, que se presentó como una medida para frenar la colocación de “narcomantas”, podría utilizarse en realidad para criminalizar manifestaciones legítimas de descontento ciudadano.
Peña alertó sobre la ambigüedad del concepto “mensajes intimidatorios”, que no cuenta con una definición clara y podría ser aplicado de forma discrecional. “¿Dónde termina la intimidación y dónde empieza la crítica legítima?”, cuestionó. Para la diputada, esta falta de precisión no es un descuido, sino una estrategia para acallar voces incómodas.
Explicó que bajo esta norma, expresiones cotidianas de protesta podrían ser tratadas como delitos. Ejemplos como una cartulina que diga “¡Policías corruptos, ladrones del pueblo!”, una lona feminista que denuncie complicidad estatal ante los feminicidios, o un cartel estudiantil que satirice a los políticos podrían ser castigados con penas de 1 a 4 años de prisión.
“Este tipo de castigos no requieren una amenaza real, lo que vulnera principios constitucionales y compromisos internacionales en derechos humanos”, enfatizó Peña, quien calificó la reforma como “un monstruo jurídico que no combate la inseguridad, sino que castiga el descontento social”.
Para concluir, señaló que “el verdadero crimen no está en las pancartas, sino en los escritorios panistas del Congreso”, y llamó a la derogación o veto inmediato de esta reforma por ser una obligación democrática.
