Israel deportó este lunes a 171 activistas, entre ellos la ambientalista sueca Greta Thunberg, quienes fueron detenidos mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo impuesto a Gaza para entregar ayuda humanitaria.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó la deportación a Grecia y Eslovaquia, y señaló que los participantes provenían de más de una docena de países, entre ellos Grecia, Italia, Francia, Estados Unidos, Irlanda, Polonia, Alemania y Luxemburgo. Seis mexicanos permanecen retenidos en Israel.
En su red social X, la cancillería israelí calificó a los participantes como “provocadores de la flotilla Hamas-Sumud”, y aseguró que todos los derechos legales de los detenidos fueron respetados. También negó los señalamientos de abusos, alegando que “el único incidente violento fue protagonizado por una activista que mordió a una trabajadora médica en prisión”.
Sin embargo, al llegar a Atenas, Thunberg denunció públicamente que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, y afirmó que los activistas fueron víctimas de maltrato y abusos durante su detención.
“¡Que esta misión tenga que existir, es una vergüenza!”, dijo frente a cientos de simpatizantes que la recibieron con pancartas y consignas como ‘¡Liberen a Palestina!’. La joven activista también pidió a los gobiernos del mundo poner fin a su “complicidad con el genocidio en Gaza”.
Thunberg señaló que Israel ha violado el derecho internacional al impedir el ingreso de la ayuda humanitaria destinada a la Franja, donde la ONU ha declarado un estado de hambruna tras más de dos años de guerra.
“Mientras Israel intensificaba su destrucción masiva, el mundo guardaba silencio”, declaró. “Nuestros sistemas internacionales están traicionando a los palestinos”.
De acuerdo con organizaciones como Adalah, que brinda apoyo legal a los activistas, muchos de los detenidos fueron interceptados en aguas internacionales y trasladados a prisiones israelíes de máxima seguridad, donde, según su testimonio, habrían sido sometidos a violencia física y humillaciones.
Pese a las denuncias, Israel mantiene que la intercepción de la flotilla, integrada por 45 embarcaciones, fue realizada conforme a la ley, y que los activistas “participaban en un espectáculo político coordinado por grupos pro-Hamás”.
