La Cámara de Diputados declaró la validez de la reforma constitucional en materia de extorsión, con la que el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir una Ley General que unifique los tipos penales y sanciones relacionadas con este delito en todo el país.
La medida fue respaldada por 25 congresos estatales, lo que permitió su avance al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
Reforma impulsada por la Presidencia y avalada por la mayoría de los estados
La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada por las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Posteriormente, las legislaturas del Estado de México, Sonora y Tlaxcala también emitieron su voto a favor, consolidando la mayoría constitucional necesaria.
Durante la sesión de pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, formalizó la declaratoria y remitió el decreto al Ejecutivo federal. “El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política, declara reformado el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 en materia de extorsión”, señaló.
Hacia una ley nacional para combatir la extorsión
La reforma establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión emita la ley reglamentaria. Esta nueva legislación deberá definir los tipos penales, agravantes, delitos relacionados y sanciones aplicables, además de incorporar mecanismos de atención a víctimas, ofendidos y testigos.
Con esta facultad, se busca homologar el marco legal en todo el país, evitar vacíos jurídicos entre entidades y fortalecer la coordinación entre autoridades locales y federales para la persecución del delito.
Un delito en ascenso
El delito de extorsión ha registrado un aumento sostenido en los últimos años. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se reportaron casi 30 casos diarios, un incremento del 57% respecto a seis años atrás.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Inegi estima que en 2023 se cometieron 4.9 millones de extorsiones, lo que equivale a una tasa de 5,213 delitos por cada 100 mil habitantes.
Del total, 85.6% se realizaron por teléfono y 12.9% de las víctimas accedieron a pagar. Solo entre enero y mayo de 2025, se contabilizaron 4,882 víctimas, la cifra más alta en una década.
