- Organizaciones ambientalistas de Aguascalientes denunciaron que la reciente elección de jueces y magistrados federales en el estado favoreció a perfiles vinculados con el gobierno estatal, el Ayuntamiento capitalino y empresas inmobiliarias, lo que, aseguran, compromete la independencia judicial y amenaza los avances logrados en la defensa del medio ambiente.
En conferencia de prensa, representantes de Salvemos La Pona, Guardianes del Monte, Guardianes del Malacate y ADN-A expresaron su preocupación por lo que calificaron como un “sabotaje judicial” a las luchas ambientales en curso, señalando que la elección de personas con trayectoria política y administrativa dentro de las actuales gestiones públicas representa un riesgo para la justicia ambiental. “Esta situación compromete la imparcialidad de la justicia ambiental en el estado de Aguascalientes, en un contexto en el que hemos visto distintos intentos por sabotear los juicios de amparo en defensa del medio ambiente”, afirmaron.
Uno de los casos más cuestionados es el del ex secretario del Ayuntamiento, Javier Soto Reyes, quien fue designado juez séptimo de distrito pese a haber participado previamente como funcionario en juicios donde el propio municipio fue parte. De acuerdo con los colectivos, Soto Reyes fue director jurídico y luego secretario del Ayuntamiento entre 2023 y 2024, periodo durante el cual intervino en amparos relacionados con la destrucción de La Pona, los incendios provocados y el programa de ordenamiento ecológico conocido como el caso de la ranita de madriguera.
“Hoy, quien antes litigaba a favor del Ayuntamiento, quedó a cargo de resolver esos mismos juicios”, señaló Agustín Bernal, de Guardianes del Monte, al subrayar el conflicto de interés que esto representa. Aunque Soto Reyes se declaró incompetente en dos de los casos, sigue sin hacerlo en el relativo a los incendios, lo que mantiene la incertidumbre sobre su imparcialidad.
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Los activistas expusieron que no se trata de un hecho aislado, pues varios de los nuevos jueces y magistrados también han ocupado cargos en dependencias estatales o municipales. Entre ellos mencionaron a exfuncionarios del Instituto de Educación, del Instituto de Ciencia y Tecnología y de la Consejería Jurídica del Estado. “Esta cercanía con las administraciones públicas compromete la imparcialidad de quienes hoy deben resolver los juicios ambientales”, comentó Débora Escandón, representante de ADN-A, al señalar que esta red de vínculos “pone en entredicho la protección de los derechos al medio ambiente, al agua y a la vivienda”.
La abogada y activista Carla Escoffié, quien integra el equipo legal de varios de los amparos ambientales, advirtió sobre irregularidades procesales y retrasos deliberados. Explicó que algunos juicios, como el de la ranita de madriguera, permanecieron más de seis meses detenidos por recursos ociosos, y que otros, como el de La Pona, se tramitan en dos expedientes distintos, lo que genera incertidumbre jurídica.
Por su parte, Sofía González, de Salvemos La Pona, alertó que los intereses inmobiliarios “buscan capturar los juzgados” para frenar los procesos legales en defensa de áreas naturales y denunció que las autoridades continúan dialogando solo con grupos cercanos al gobierno estatal o municipal. “Se disfrazan de sociedad civil, pero son los mismos personajes que fungen como peritos de las inmobiliarias o reciben reconocimientos ambientales del gobierno”, comentó.
Los colectivos señalaron que, aunque el secretario de Gobierno se comprometió a integrarlos al plan de manejo de la zona de La Pona, hasta el momento no han sido convocados. “Nos dicen que sí, pero nunca nos dan acceso a la información”, lamentaron.
Advirtieron además que la situación no solo afecta a los casos actuales, sino que podría cerrar por completo la vía judicial para la defensa ambiental en el estado. “Si los jueces responden a intereses inmobiliarios, con o sin reforma a la Ley de Amparo, la ciudadanía quedará sin herramientas legales para proteger su entorno”, expresó Escoffié.
Finalmente, los colectivos llamaron a la sociedad a mantenerse informada y acompañar sus acciones. Coincidieron en que la defensa ambiental atraviesa un momento crítico en Aguascalientes, donde el poder político y el económico, señalaron, “están entrando juntos al edificio judicial”.
