- El abogado Gerardo Enrique Valdés Esparza detalla los pasos legales para impugnar actos de autoridad.
- Aguascalientes cuenta con un tribunal especializado en materia administrativa.
- Las leyes garantizan el derecho al agua potable y a un trato justo por parte del Estado.
Durante una charla con LJA.MX, el abogado Gerardo Enrique Valdés Esparza, especialista en derecho administrativo, explicó que los ciudadanos sí pueden defenderse de actos o sanciones impuestas por las autoridades, siempre que lo hagan dentro del marco legal y con conocimiento de sus derechos.
“El litigio administrativo no es más que pelearse o defenderse de los actos del gobierno”, señaló el abogado, al referirse a los procedimientos legales mediante los cuales los particulares pueden impugnar decisiones de los entes gubernamentales.
Valdés Esparza precisó que el sistema estatal está estructurado en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. “El Ejecutivo es quien te multa, porque se encarga de la administración pública; pero cuando tú tienes un problema con el Ejecutivo, acudes al Poder Judicial. Ahí lo que hacemos es quitarle el poder al Ejecutivo para ponerlo ante un juez, y resolver el conflicto en igualdad de condiciones”.
El abogado explicó que los ciudadanos pueden recurrir a un juicio de nulidad para impugnar actos del gobierno, como multas de tránsito o cobros indebidos. “Por ejemplo, si te ponen una infracción, la Dirección de Movilidad, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, debe cumplir con todos los formalismos legales. Si no lo hace, el acto es nulo”, afirmó.
En Aguascalientes, agregó, existe un tribunal especializado en materia administrativa, donde los ciudadanos pueden presentar este tipo de recursos. Dicho órgano se encarga de revisar si las autoridades actuaron conforme a derecho.
Durante la conversación, Valdés Esparza también abordó el tema del acceso al agua potable como un derecho humano reconocido por la Constitución. “El artículo 4 establece que el Estado tiene la obligación de garantizar agua potable, y el artículo 115 indica que corresponde al municipio otorgar ese servicio”, explicó.
Sin embargo, señaló que el problema inicia cuando el agua suministrada no cumple con las características establecidas en las normas oficiales mexicanas. “Si el líquido no es realmente potable, el Estado está incumpliendo su obligación”, subrayó.
En este contexto, el abogado enfatizó la importancia de que los ciudadanos conozcan la ley y hagan valer sus derechos frente a irregularidades. “La Constitución organiza al Estado, pero también le pone límites. Le dice: te doy poder, pero te obligo a respetar los derechos de las personas”, puntualizó. Con esta explicación, Valdés Esparza busca incentivar una cultura jurídica ciudadana en la que prevalezca la justicia, el equilibrio de poderes y la certeza legal en cada acto de autoridad.
