La directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila, calificó como un mensaje de impunidad y revictimización la permanencia en funciones de los servidores públicos señalados por mujeres privadas de la libertad del CERESO femenil por presuntos actos de extorsión y abuso de poder.
“Me parece que sí es un mensaje de impunidad, además es un mensaje que ridiculiza a las víctimas, que las deja en una situación de incertidumbre”, expresó Ávila, al referirse a la decisión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, de mantener en sus cargos al coordinador del área médica y a la directora del centro penitenciario.
La activista recordó que las mujeres sentenciadas realizaron un esfuerzo importante al organizarse y denunciar los hechos, pese a los riesgos que implicaba hacerlo dentro del penal. “El esfuerzo que hicieron para organizarse, para denunciar, sabiendo que podía tener terribles consecuencias para ellas, porque nadie las ve. Ellas están ahí encerradas todos los días en las mismas condiciones, con las mismas personas que pueden ser sus agresores”, señaló.
Ávila lamentó que hasta el momento ni los institutos de las mujeres ni otras autoridades se hayan pronunciado al respecto. Recordó que la denuncia fue firmada por 85 mujeres sentenciadas, mientras que aquellas que aún no tienen sentencia no pudieron hacerlo por temor a represalias. “La situación en este momento está como en pausa, pero está la presencia constante de estos dos actores: el que era coordinador, que todavía está como coordinador del área médica, aunque no está allí, saben que está allí porque llega, checa, y de la directora. Eso genera incertidumbre”, explicó.
La directora del Observatorio enfatizó que el procedimiento administrativo no debe depender del proceso penal, como argumentan las autoridades. “La parte administrativa no tiene que esperar el proceso judicial. Nos dicen que es lo que están esperando, pero la realidad es que no es así. La parte administrativa lo puede resolver por supuesto desde el inicio”, apuntó.
Finalmente, Ávila subrayó que la presencia de los señalados dentro del penal representa una forma de intimidación para las mujeres denunciantes, sus familias y quienes colaboraron en la recolección de pruebas. “Su presencia es una intimidación, sin duda, no solamente para ellas sino para todas las personas que están alrededor, para sus familias… ¿Cómo regresas a llevarle dinero o ropa a tu familiar si las personas que señalaste por extorsión siguen entrando al CERESO?”, cuestionó.
