El Gobierno de la Gente a través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento (PAOT) dio inicio a un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de implementar Buenas Prácticas Ambientales en sus oficinas.
Este esfuerzo responde a la visión de la Gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, quien ha reiterado que en Guanajuato se trabaja con un compromiso claro con la ciudadanía.
Esta colaboración tiene como el objetivo de aplicar acciones con un modelo de procuración de justicia humanista, que también incorpora el respeto y cuidado del entorno.
Karina Padilla Avila, Procuradora Ambiental, resaltó la importancia de esta colaboración no refleja sólo las acciones de una dependencia o Gobierno, mencionado es una responsabilidad compartida, transversal, que nos convoca a todas y todos.
“El crecimiento económico debe ir a la par del tema de recursos naturales. Tenemos un compromiso firme con la gente, y ese compromiso incluye también el cuidado del medio ambiente, con un enfoque de servicio, de responsabilidad y de resultados. Recordemos el planeta es prestado y debemos entregarlo a las siguientes generaciones”.
Posteriormente, la titular de la PAOT entregó al Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, el oficio en donde se acredita la participación a la edición 2025 de Buenas Prácticas Ambientales en donde se aplicarán acciones enfocadas en: ahorro y uso eficiente del agua; reducción del consumo de energía eléctrica; optimización de materias e insumos; cuidado responsable de las áreas verdes.
Por su parte, Vázquez Alatriste, mencionó trabajarán con 5 ejes transformadores, que van desde la reducción del uso de papel y tonner, en busca de una Fiscalía más digital, a fin de optimizar los procesos y recursos.
“No se trata sólo de cumplir una norma o seguir una tendencia. El planeta necesita instituciones responsables y la Fiscalía da un paso firme para la construcción de una institución sostenible, humana y comprometida con el bienestar de las personas y el futuro del estado”, añadió.
Estas medidas forman parte de una estrategia integral de sostenibilidad institucional que busca reducir el impacto ambiental y fomentar una cultura organizacional más consciente y respetuosa con el medio ambiente.
Con este paso, se espera que más dependencias se sumen a la implementación de Buenas Prácticas Ambientales como parte de una política transversal en la administración pública estatal.
