- Gerardo Enrique Valdez Esparza detalla los pasos legales para impugnar cobros excesivos de agua potable
- La Ley de Metrología garantiza la correcta medición de servicios, similar a la certificación de bombas de gasolina
- La intervención de Profeco busca mediar y proteger al consumidor, aunque la vía judicial sigue siendo necesaria en casos de abuso
Gerardo Enrique Valdez Esparza, especialista en Derecho Administrativo, explicó a detalle cómo los ciudadanos pueden defenderse frente a cobros excesivos de agua potable y otras multas administrativas: “Me dedico al litigio en materia administrativa. Valga el siguiente ejemplo para mostrar en qué consiste esta área del Derecho: cuando se emite un recibo por un servicio que no cumple con las normas de calidad, los usuarios tienen derecho a impugnarlo”, señaló.
Valdez Esparza comparó el cobro por agua de calidad no certificada con recibir un producto distinto al que se paga: “Si te están cobrando agua potable, entonces tienen que darme agua potable. Es como comprar carne de cerdo, pero en su lugar recibir carne de res”, ejemplificó.
El especialista destacó la importancia de la Ley de Metrología, poco conocida entre la población, que regula los instrumentos de medición utilizados por los servicios públicos: “Estos instrumentos, como medidores de agua o básculas, deben ser certificados para garantizar que las cantidades cobradas sean exactas”, explicó. Al respecto, puso como ejemplo las bombas de gasolina, donde los sellos de Profeco avalan que el consumidor recibe lo que paga.
Además, señaló que el recibo del agua es un acto administrativo que debe cumplir con formalidades legales: “Si no se respetan los requisitos de seguridad jurídica y debido proceso, el acto es nulo y puede recurrirse judicialmente”, indicó. Ante un incremento repentino en el cobro, Valdez Esparza recomienda solicitar la nulidad del acto y, si es necesario, interponer un juicio administrativo que puede derivar eventualmente en un amparo.
Sobre la intervención de Profeco, mencionó que esta institución actúa como mediadora para proteger al consumidor: “Garantiza que el servicio entregado cumpla con lo contratado y, de no ser así, puede sancionar al proveedor”; sin embargo, aclaró que en muchos casos, la vía judicial sigue siendo la forma más efectiva de resolver conflictos relacionados con servicios municipales.
El abogado también advirtió que los juicios por nulidad pueden ser prolongados y que es común que los ciudadanos no los inicien por desconocimiento: “Tenemos derechos contemplados en la Constitución, pero muchas veces no los hacemos valer porque no los conocemos”, enfatizó.
Finalmente, compartió información para quienes requieran asesoría legal: su despacho se encuentra en Ignacio T. Chávez 907, planta alta, y sugirió que los interesados contacten primero vía mensaje al teléfono 4491906632. De esta manera, los usuarios pueden conocer mejor sus derechos, exigir que las autoridades cumplan con la ley y defenderse de cobros injustificados: “lo peor que puede pasar es no hacer nada y permitir que los errores se acumulen”.
