El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó sobre la existencia de una presunta red criminal vinculada con cárteles mexicanos que ofrece recompensas por información, secuestro o asesinato de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según el DHS, los pagos de este sistema escalonado incluyen 2 mil dólares por obtener información de inteligencia o revelar datos personales de agentes, entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestros o agresiones no letales, y hasta 50 mil dólares por asesinar a funcionarios de alto rango.
La agencia estadounidense señaló que estas acciones se realizan en coordinación con pandillas locales y grupos extremistas en ciudades como Chicago y Portland, que colaboran mediante vigilancia, filtración de identidades y bloqueos a operativos migratorios.
“Los agentes enfrentan emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte solo por aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. No retrocederemos ante estas amenazas”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El DHS detalló que algunas pandillas instalan “observadores” en azoteas de barrios como Pilsen y Little Village, equipados con radios y armas, para seguir los movimientos de los agentes en tiempo real, lo que ha permitido emboscadas y sabotajes durante cateos y arrestos.
El gobierno estadounidense instó a los estados y ciudades que aplican políticas de “santuario” a suspenderlas y pidió a la población denunciar cualquier actividad sospechosa.
Esta advertencia ocurre después de que el DHS informara sobre el arresto de Juan Espinoza Martínez, presunto integrante de los Latin Kings, acusado de ofrecer 10 mil dólares por asesinar a un comandante de la Patrulla Fronteriza y 2 mil dólares por información personal del funcionario.
De acuerdo con las autoridades, Espinoza Martínez actuaba como intermediario en un sistema de recompensas que los cárteles mexicanos utilizan para intimidar a las fuerzas de seguridad estadounidenses. El caso evidenciaría la cooperación entre redes criminales transnacionales y pandillas locales, con el objetivo de frenar las acciones migratorias de la Administración Trump.
Cabe recordar que, a inicios de este año, Estados Unidos declaró a cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Unidos y Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas.
