- Señalan que las modificaciones representan un retroceso para el Estado de Derecho
- Advierten afectaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas
- Llaman a garantizar certeza jurídica y respeto institucional para promover la inversión
Los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes manifestaron su profunda preocupación ante las recientes reformas a la Ley de Amparo, al considerar que representan un serio retroceso para el Estado de Derecho y generan incertidumbre que no favorece el desarrollo económico del país.
En su posicionamiento, el sector empresarial recordó que el juicio de amparo ha sido históricamente una herramienta fundamental de defensa frente a actos arbitrarios de autoridad. Sin embargo, las nuevas disposiciones limitan su efectividad, al restringir la posibilidad de suspender actos administrativos y acotar el interés legítimo para promover este recurso.
Entre los impactos que advierten, destacan las restricciones a la suspensión de créditos fiscales, las cuales condicionan la suspensión a la garantía total del crédito y sus accesorios, excluyendo así a muchas micro, pequeñas y medianas empresas que carecen de liquidez suficiente para cumplir con esta exigencia. Esto las dejaría vulnerables a embargos y remates por parte de las autoridades fiscales.
Además, subrayaron que cada persona o empresa deberá promover su propio amparo, lo que incrementará los costos y saturará el sistema judicial. Asimismo, alertaron sobre el riesgo de cierre de empresas y pérdida de empleos, debido a la imposibilidad de detener de forma oportuna actos arbitrarios que podrían ocasionar daños irreparables en la cadena productiva y el empleo.
El CCE de Aguascalientes advirtió también sobre el debilitamiento del sistema de control constitucional, al limitar la efectividad del juicio de amparo como mecanismo de defensa inmediata, lo que incrementa la discrecionalidad del poder público y reduce la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Finalmente, el empresariado local reiteró que el desarrollo económico de Aguascalientes y del país depende de la certeza jurídica, del respeto al Estado de Derecho y de instituciones sólidas que protejan a ciudadanos y empresas. La confianza en el marco legal, enfatizaron, es indispensable para fomentar la inversión y el desarrollo social.
