Durante la noche del 28 de octubre del 2025, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la Extorsión, la cual prevé que este delito sea perseguido de oficio, donde se podrá sancionar con penas de entre 6 y 15 años de cárcel, las cuales pueden aumentar según las agravantes del caso, especialmente cuando se involucre a grupos vulnerables.
Durante la conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el día de ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, mencionó que este tipo de delito es el único que no ha dejado de crecer sexenio tras sexenio. Estas palabras fueron retomadas por Juan Ignacio Zavala, diputado de MC, quien se mostró a favor de esta iniciativa.
¿De qué se trata la ley general de extorsión?
La Ley General de Extorsión, avalada por unanimidad con 456 votos a favor y 100 en contra, establece que el delito de extorsión se investigará de oficio para proteger y fortalecer al Estado mexicano con un tipo penal uniforme que contenga sanciones más severas para las personas acusadas por este delito, con una pena que puede variar entre los seis y los 15 años, dependiendo de la gravedad del asunto.
En el caso de que el delito sea cometido contra menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores o migrantes, el castigo podría aumentar hasta una tercera parte de la condena señalada, por atentar contra algunos de los sectores más vulnerables de la población.
Esta iniciativa también sanciona de la misma manera a las autoridades, funcionarios públicos, jueces y directivos penitenciarios que sean cómplices de la extorsión o que omitan denuncias ciudadanas. Esta decisión busca establecer una fuerza única de persecución para que el Estado actúe como un frente unido, explicó Julio César Moreno Rivera, presidente morenista de la Comisión de Justicia.
Implementaciones para el uso seguro de esta nueva ley
Como una forma de proteger la integridad de las víctimas y testigos, la Ley General de Extorsión implementó el uso de denuncias anónimas mediante el número telefónico 089, el cual será de gran ayuda para evitar que se ponga en riesgo la seguridad personal y familiar del denunciante, garantizando que no se sienta desprotegido ni vulnerable ante este tipo de delitos.
Diputados a favor de la implementación de la Ley General de Extorsión
Durante el debate, gran parte de los legisladores se mostraron a favor de la iniciativa. El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, mencionó que su partido reconoce los avances en materia de seguridad que contempla esta ley, al otorgar facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, desde el ámbito federal, combata este tipo de crímenes vinculados con el crimen organizado, sin dejar de actuar a nivel local.
El diputado del PAN, José Guillermo Anaya, también resaltó que su partido ejerció su voto a favor del dictamen por la importancia y sensibilidad que implica combatir la extorsión.
Sin embargo, señaló que durante los próximos días presentará reservas para modificar la propuesta en materia de presupuesto, con el fin de evitar inconvenientes en su implementación.
Mencionó que, sin un presupuesto claro dentro de esta iniciativa, sería como dar un paso en falso, simulando que se combate la extorsión sin contar con herramientas reales de inteligencia, capacitación y preparación para cada uno de los estados y municipios de la República Mexicana.
