Queda más que claro que en la historia política de México hemos entrado a un nuevo sistema de partido hegemónico como lo fue el PRI en su momento, solo que en esta ocasión con un partido guinda denominado Morena. Además, cada vez es más evidente las intenciones que tienen para hacerse del poder político en Aguascalientes, una entidad que es de los pocos bastiones que le quedan al PAN a nivel nacional, para ello basta con ver dos temas precisos. El primero, con la detención el viernes pasado de un líder criminal de la región, el Gobierno Federal actuó solo en coordinación de la Guardia Nacional y el Ejército, a nivel local, no pidieron apoyo, inclusive las autoridades locales reconocieron que ni ellos sabían sobre la investigación y estrategia para la detención de dicho personaje, el cual, dicen que era conocido por todos, se movía sin preocupaciones por toda la ciudad y que inclusive convivía con grupos de las esfera política y de medios de comunicación. Después del operativo, Morena emitió un comunicado en donde reconocía la “loable” labor del Gobierno Federal para combatir el crimen organizado, además de acuerdo a su propio dirigente estatal, Gilberto Gutiérrez, esta acción representó un manotazo sobre la mesa y un logro para la pacificación del país, sin embargo no pasa desapercibido que las autoridades locales no se hayan pronunciado todavía al respecto, lo que parece ser costumbre en su estrategia de comunicación, pero también resulta curioso que los golpes al crimen organizado se estén dando en entidades federativas que son gobernadas por la oposición, pues en aquellas entidades en donde gobierna Morena como Sinaloa, Guerrero, Campeche, Nayarit, etcétera, el crimen organizado sigue operando de manera habitual, además hay que recordar que varios políticos y gobernadores de la 4T están siendo investigados por los Estados Unidos por tener vínculos con el crimen organizado. Mientras aquí los guindas celebraban la pacificación del país por la gran detención que realizaron, en Michoacán (estado gobernado por los precursores de la transformación) en el municipio de Uruapan asesinaban frente a su familia y ciudadanos al alcalde Carlos Manzo en un ataque con arma de fuego, el caso se pudo haber evitado, como muchas otros, pero Manzo era uno de los principales críticos del oficialismo federal, lo que el imaginario colectivo asoció (sin pruebas, pero sin dudas) con un tema de adversarios políticos. Por su parte, la mandataria Sheinbaum convocó a todo su gabinete de seguridad y calificó como “vil” el asesinato del alcalde. Mientras tanto, con lágrimas de cocodrilo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió al sepelio para dar el último adiós a Carlos Manzo, pero fue corrido entre abucheos, gritos de “asesino” y hasta con cachetada por parte de una señora. En cuanto a redes sociales, los oficialistas no dejan de decir que quienes opinan sobre el asesinato del alcalde politizan el asunto y lo hacen como morbo político, sin embargo, dichos comentarios y opiniones no son más que un reflejo del hartazgo social, además la indiferencia del Gobierno Federal no ayuda mucho, pues la mandataria “científica” no muestra empatía por las problemáticas que debe de atender. Por otra parte el apoyo de seguridad que Carlos Manzo había solicitado le llegó a través de catorce integrantes de la Guardia Nacional, pero el primer círculo de seguridad era conformado por policías municipales de su más entera confianza. El caso del descontento social por parte de la población de Michoacán no quedó ahí, pues por la tarde tomaron el Palacio de Gobierno de esa entidad exigiendo justicia y seguridad.
Nuevo movimiento
Ante todos estos sucesos que ponen en incertidumbre la gobernabilidad del partido oficial en México, resurge el sector juvenil, quien llevaba tiempo fuera como actor político, a través del movimiento “Generación Z”, en redes sociales están realizando activismo cansados de las malas decisiones de quienes nos gobierna, inclusive están convocando a una marcha en la Ciudad de México para este 16 de noviembre.
El vocero que no ayuda
Muchos actores políticos se conmocionaron por el asesinato de Carlos Manzo y muchos mostraron sus condolencias y opiniones sobre lo acontecido, sin embargo Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, tornó el tema personal cuando le reclamó al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por pronunciarse sobre el hecho. Ávila acusó al líder de los naranjas de querer “sacar raja política” ante la tragedia, pero minutos después el vocero de la bancada del oficialismo federal borró su publicación, aunque siempre hay una captura de pantalla y el círculo político no tardó en reclamarle. Ávila debe de entender que su extremismo y fanatismo lo están cegando de realizar críticas y debates racionales, no es la primera vez que en lugar de mediar mediante la comunicación los problemas provocados por la 4T, los agrave por la poca prudencia y tacto político.
Más contradicciones
Segunda contradicción. Estamos a contrarreloj para las elecciones intermedias del 2027 y el Consejo General del INE (algunos de cuyos consejeros son cercanos al oficialismo guinda) dejó vacantes varias consejerías de los OPLES, pues debía seleccionar a más tardar el último día de octubre 44 Consejerías Electorales de 17 entidades federativas, sin embargo, decidieron designar a 28, dejando vacantes 16 consejerías. Las consejerías que quedaron vacantes corresponden a los estados de Campeche, Chiapas y Colima, en donde no se designó consejería para la presidencia, mientras que en Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala quedaron pendientes la designación de consejerías. En el caso de Coahuila se celebrarán comicios electorales en el 2026, pues tendrán que renovar su Congreso local. En 2027 Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala estarán renovando la gubernaturas con una autoridad electoral incompleta por el momento. Pues al declararse que no hubo acuerdo y consenso, se tendrá que rehacer el procedimiento para designación de dichas consejerías, lo que implica un periodo máximo de siete meses para poder cumplir con todas las etapas, salvo que en la nueva convocatoria reduzcan los términos. De las entidades cuyo OPLE quedó incompleto y que tienen elecciones a la gubernatura en dos años, corresponden a entidades federativas que actualmente son gobernadas por Morena, mientras que aquellos estados que también tienen elecciones en dos años y que son gobernados por la oposición, sí se designaron a todos los consejeros, como es el caso de Aguascalientes. ¿Por qué razón la autoridad electoral federal retrasaría nombramientos en donde el inicio del proceso electoral local es cuestión de meses para que se inicie con toda la organización? No lo sabemos, pero no es coincidencia. Además, estas designaciones podrían ser las últimas cuyo procedimiento de designación sea de la manera que se hizo, pues se sigue cocinando una reforma electoral que cambiará el funcionamiento tanto del INE como de los OPLES.
Totalitarismo
Ya entrados en todos estos temas preocupantes, la cereza del pastel es lo que los ministros de acordeón de la 4T (de la Suprema Corte de Justicia de la Transformación, perdón, de la Nación) quieren hacer, pues andan viendo cómo hacen una maroma perfecta para poder cambiar las resoluciones que sus antecesores de pleno ya han emitido, lo cual muestra su revanchismo político y su ignorancia en temas básicos del derecho, pues en muchos casos esas resoluciones fueron hacia personas vulnerables que se les violentaban sus derechos, por lo que no tienen ellos funciones para poder resolucionar lo que ya quedó plasmado en tesis, amparos, etc. Pues estarían revictimizando y violentando el derecho a la justicia de miles de personas. Esto es preocupante y mientras eso sucede, la oposición tradicional nacional sigue sin tener una ruta clara para poder presentarse como opción ante el electorado.
Tragedia
La avenida Doctor Noriega, entre Juárez y Matamoros, una calle que durante décadas ha sido el latido comercial del centro, se tiñó ayer de luto y polvo. Lo que parecía una jornada más de compras y preparativos por el Día de Muertos terminó en una escena de horror: una explosión seguida de un incendio en la sucursal de Waldo’s dejó, hasta el corte más reciente, 23 personas muertas y una docena de lesionados. Entre las víctimas hay niños. La mayoría, según la Fiscalía, no murió por el fuego directo sino por la inhalación de gases tóxicos. Las primeras indagatorias apuntan a una falla eléctrica (un transformador dentro del local) como posible origen de la explosión, aunque las autoridades han sido cautelosas: todo está en investigación y no hay indicios, por ahora, de que el fuego haya sido intencional. Ninguna familia debería pagar hoy por la incertidumbre institucional; la ciudad exige respuestas rápidas y transparentes. Y aquí surge la segunda tragedia: la prevención. Informes oficiales señalan que la sucursal no contaba con un programa interno de Protección Civil vigente desde al menos 2021, algo que obliga a preguntas concretas sobre supervisión, permisos y responsabilidades. No es momento de glosas: es momento de exigir responsabilidades administrativas y, si proceden, penales. La seguridad de los ciudadanos no admite lagunas ni excusas burocráticas. La empresa señaló su disposición a apoyar a las familias y cooperar con las investigaciones; mientras tanto, el Gobierno Federal y estatal anunciaron apoyos y acompañamiento a los afectados. Esas promesas son necesarias, pero no bastan. Las respuestas a fondo llegarán si van acompañadas de investigaciones públicas, sanciones y, sobre todo, de reformas que garanticen que locales comerciales (grandes o pequeños) cumplan estrictamente con medidas mínimas de protección civil. Hermosillo está de luto. Las historias detrás de los números son rostros: una madre que salió por tortillas y no volvió, un niño que acompañaba a su abuela, empleados que estaban cumpliendo su jornada.
La cartilla de la incongruencia
Quien últimamente anda muy movida es la senadora Nora Ruvalcaba, entre que habla de seguridad, de los programas sociales, de las asambleas y al tiempo conduce su programa en redes, en recientes semanas le ha dedicado parte de su tiempo a “La Cartilla de los Derechos de las Mujeres”, para ello organiza foros, reparte cuadernillos, habla del empoderamiento femenino y posa con sonrisa institucional bajo el estandarte de la 4T. Todo muy loable, hasta que uno observa bien detrás del escenario: entre los aplausos de su equipo se asoman tres rostros que cualquier comité de ética consideraría una broma de mal gusto. ¿Cómo hablar de erradicar la violencia contra las mujeres mientras se aplaude, promueve y premia a quienes la ejercen? ¿Cómo exigir respeto cuando se normaliza este tipo de comportamientos ?
Este feminismo es un mero accesorio: se agita cuando conviene y se guarda en el cajón cuando implica tomar decisiones incómodas. Nora no puede ser la abanderada de los derechos de las mujeres. Su mensaje se vacía de sentido y su cartilla se vuelve papel mojado. En política, como en la vida, el discurso se mide por las acciones. Y en el caso de Ruvalcaba, entre el verbo y el ejemplo, debe tener mucho cuidado, y más porque ahora sí todos se quieren subir al barco de Morena para quitar sus pecados, porque sabe que se juega la última por la gubernatura o ¿puede en 6 años más?
Los nuevos consejeros electorales de Agüitas
Después de la designación del Consejo General del INE, aquí en Aguascalientes, los nuevos consejeros y consejeras electorales que ya tomaron protesta ante el IEE son los siguientes:
Cindy Karina Barba Macías, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UAA. Durante el 2008 al 2011 se desempeñó como coordinadora de Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal de Aguascalientes, de 2011 a 2012 fungió como proyectista en el Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, de 2012 a 2015 fue la encargada del Consejo de la Ciudad de Aguascalientes, de 2015 a 2016 se desempeñó como coordinadora administrativa en el Centro STC y desde 2017 se desempeña como directora general de la asociación TLANEMANI.
Fidel Moisés Cazarín Calcoa, licenciado en Derecho, con maestría en Derecho Electoral. Desde el 2015 al 2024 ocupó varios cargos dentro del IEE, en donde destacan el secretario ejecutivo de dicho instituto y el encargado de despacho de la coordinación de presidencia.
Víctor Manuel Dávila Leal, licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional. Desde febrero de este año se desempeñaba como titular de la Unidad de Capacitación y Vinculación en el Tribunal Electoral local.
