El Senado de la República aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, una reforma impulsada por la mayoría legislativa que redefine la estructura y funciones operativas de esta institución naval. Con 72 votos a favor y 31 en contra, el proyecto fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.
La norma sustituye a la legislación vigente y adapta el marco jurídico naval a recientes disposiciones oficiales que han ampliado las atribuciones de la Secretaría de Marina (Semar). Entre los nuevos lineamientos, se incorpora la protección integral de los intereses marítimos nacionales, el fortalecimiento de seguridad en puertos y zonas estratégicas, y la participación en tareas de ciberdefensa, inteligencia digital y uso de inteligencia artificial en operaciones militares.
Además, la Armada podrá intervenir en la elaboración y ejecución de políticas públicas de defensa instruidas por el Mando Supremo, así como ejercer facultades de vigilancia y persecución en la Zona Económica Exclusiva y aguas internacionales.
Uno de los cambios estructurales más relevantes es la creación de la Jefatura de Operaciones Navales, que sustituye al Estado Mayor General, y la incorporación de nuevos niveles de mando estratégico. La Guardia Nacional también queda integrada de manera explícita como institución con la que la Armada podrá coordinar operaciones.
Durante la discusión, legisladores de oposición expresaron preocupación por lo que consideran un proceso de centralización del poder militar en el Ejecutivo. Señalaron que la nueva jefatura no garantiza controles institucionales y denunciaron riesgos de falta de transparencia y debilidad en la protección de derechos humanos.
Representantes de Morena defendieron la reforma, asegurando que la Armada requiere una estructura moderna frente a amenazas emergentes como el crimen organizado transnacional, los ciberataques y las disputas por recursos estratégicos.
El nuevo ordenamiento también incorpora lenguaje incluyente y principios de equidad en ascensos y responsabilidades dentro de la carrera naval, además de reforzar mecanismos de defensa institucional para el personal de la Armada mediante nuevos procesos de inconformidad.
La aprobación se da en un contexto de creciente debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y administración pública. Con la publicación de la ley, la Armada asumirá formalmente un rol ampliado y reforzado en materia de seguridad marítima, territorial y digital.
