Eran advertencias
Los hechos que ocurrieron en el penal de Aguascalientes el lunes eran solo advertencias antes del estallido, pues ayer tomó a todos por sorpresa que, cerca de la una de la tarde, hubo una intensa movilización de policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional, quienes llegaron al Cereso Varonil tras una aparente riña (como la que sucedió al inicio de semana, según las autoridades), donde hubo un incendio y tres reos que necesitaron atención médica. Mientras llegaban todas las corporaciones, también se dieron cita familiares de las personas privadas de la libertad para conocer los motivos que generaron tanto movimiento y verificar si sus familiares estaban a salvo.
Al tiempo que los elementos de la policía entraban poco a poco al Cereso, hizo acto de presencia el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López, que vaya que le ha tocado sortear diversas manifestaciones y que, a diferencia de su antecesor que mandaba colaboradores a este tipo de protestas, Arámbula va directamente a ver la situación y no deja que nadie se la cuente. Por eso, al arribar, lo primero que tuvo que sortear fueron los reclamos de los familiares de los reos, quienes a gritos señalaban que dentro del penal existe el cobro de piso entre los detenidos, permitido por guardias coludidos; además, que dentro del penal también hay casos de extorsión. Todos los reclamos recayeron en esas dos denuncias públicas.
Antonio Arámbula, sin perder los estribos y con mucho tacto, mientras se acercaba a la puerta del penal para entrar y evaluar la situación, pidió calma a los familiares, aseguró que la situación se investigaría, que comprendía su preocupación y que, como autoridades, actuarían de manera correcta para atender sus demandas. A su vez, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, también presente, afirmó que se dará seguimiento a cada denuncia que se presente por estos supuestos delitos.
No creemos que sea coincidencia lo sucedido o que quede solo como un hecho aislado, pues meses atrás el penal femenil también denunciaba sobornos y extorsiones hacia las mujeres privadas de su libertad. El tema no escaló al grado de violencia, pero sí ocasionó la destitución de la directora del penal y las investigaciones en su contra.
La riña suscitada ayer puede ser la antesala de muchas irregularidades que hay dentro del penal, o simplemente puede quedar como una anécdota más que se advirtió con antelación a las autoridades. Por cierto, para aclarar: muchos medios empezaron a malinformar que dichas riñas son producto de la detención de un líder criminal de la región el viernes pasado. Eso es completamente falso; la persona arrestada la semana pasada fue llevada a otro estado donde esperará su debido juicio.
Al menos una buena
Entre una semana plagada de malas noticias e inestabilidad social y política, traemos una buena: el hospital veterinario municipal ya abrió sus puertas (ahora que vaya nuestro director editorial a grabar ahí, ya no tendrán pretextos para correrlo). Con la presencia de la gobernadora Teresa Jiménez y el alcalde Leonardo Montañez, se cortó el listón de apertura de esta nueva clínica, que tuvo una inversión de 22 millones de pesos y ofrecerá 38 servicios veterinarios, incluidas consultas generales, vacunación, desparasitación, esterilización, entre otros más. Su horario de atención será de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde y los sábados de nueve de la mañana a dos de la tarde.
Del Operativo Conjunto Michoacán a Plan Michoacán, lo mismo pero con la palabra “bienestar”
Tanto se jactó el Gobierno de México de lo que hicieron las administraciones anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que decidieron seguir un plan muy similar en materia de seguridad para pacificar Michoacán; digamos que es lo mismo, pero con la palabra bienestar.
Ante esta nueva estrategia se deben considerar los males que aquejaron tanto al Operativo Conjunto Michoacán (impulsado en 2007) como al Plan Michoacán (implementado en 2014). El primero se recuerda por ser la declaración oficial del gobierno contra el narcotráfico, cuando Calderón, vestido de militar, acudió para anunciar la “guerra”. El segundo se centró en cuatro municipios: Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Ambos planes fueron bastante cuestionados por las violaciones a los derechos humanos que hubo durante su implementación, personas inocentes asesinadas y la cantidad de recursos invertidos. Sus objetivos eran recuperar la paz en dicho territorio y así impulsar inversiones y empresas locales.
El nuevo Plan Michoacán presentado por Claudia Sheinbaum plantea los mismos objetivos: reforzar la seguridad, fortalecer el sistema de justicia y brindar seguridad social y laboral. ¿Funcionará? No lo sabemos; es cuestión de ver su implementación y comparar indicadores. Sin embargo, no debemos perder de vista que el gobierno de AMLO también implementó el Plan Apoyo Michoacán sin ver resultados tangibles, así que los de Morena lo volvieron a hacer: son, según ellos, la cuarta transformación histórica de México… y esta es la cuarta propuesta de un plan para Michoacán.
Bloqueos
A pesar de que se anunció un acuerdo entre el gobierno federal y los agricultores, el descontento sigue. Hasta ayer se reportaban diversos tramos de carreteras federales cerradas por agricultores; entre las afectadas se encuentra la carretera León-Aguascalientes. No se descarta que los bloqueos continúen.
Desapariciones
En lo que va del año, Aguascalientes acumula más de 475 personas reportadas como desaparecidas, una cifra que ha encendido las alarmas en colectivos de búsqueda, familias y actores sociales que no recuerdan un repunte similar en tiempos recientes. Que la entidad siga estando, en términos absolutos, entre los estados con menos casos del país no es consuelo: los números muestran un incremento sostenido. Según el recuento de Red Lupa con corte al 16 de mayo de 2025, el estado ha ido escalando en gravedad, y el saldo de este año representa 47 casos más respecto al cierre de 2023. Ese crecimiento, aunque numéricamente modesto frente a otras entidades, tiene un costo humano y social profundo.
Las cifras también señalan quiénes desaparecen: alrededor del 17% son menores de edad y la mayor parte de los casos se concentra en personas entre 15 y 34 años. Red Lupa alerta además sobre tendencias por sexo y edad que requieren respuestas diferenciadas en prevención y búsqueda. Estamos ante jóvenes (muchas veces mujeres adolescentes) que, al desaparecer, dejan a familias enteras en la incertidumbre. La respuesta institucional debe medirse en dos planos: resultados y prevención. La Fiscalía del Estado destaca que, en lo que va del año, el 81% de las personas reportadas han sido localizadas y el 96% de ellas con vida, cifras que el gobierno presenta como muestra de eficacia en los mecanismos de búsqueda. Sin embargo, esos porcentajes no borran la experiencia cotidiana de las familias que siguen buscando, ni las preguntas sobre por qué el número total sube año con año.
La confianza pública no se restaura solo con estadísticas: se reconstruye con transparencia, protocolos claros y acompañamiento a las víctimas. Detrás de cada número hay relatos: padres que organizan rutas de búsqueda, colectivos de madres y padres que revisan videos, caminos y denuncias; historias contadas por periodistas locales que muestran la desesperación y la persistencia de quienes no se rinden. Reportajes recientes han documentado casos y han puesto rostro a la búsqueda prolongada que muchas familias enfrentan en Aguascalientes. Esa evidencia periodística obliga a no normalizar la tragedia de las desapariciones.
