La iniciativa para facultar a municipios a responsabilizar económicamente a padres de menores infractores avanza en el Congreso y podría votarse el 27 de noviembre para iniciar su implementación el próximo año
La reforma permitiría realizar tamizajes, emitir apercibimientos y, en casos de desacato, aplicar sanciones o arrestos a padres de familia, aunque su aplicación no será obligatoria y quedará al criterio municipal
Emanuelle Sánchez Nájera señaló que cada municipio podrá adaptar el mecanismo a sus condiciones y, en caso necesario, apoyarse en el DIF estatal, destacando el respaldo legislativo y el avance del dictamen sin contratiempos
Una iniciativa que permitiría responsabilizar económicamente a padres y madres de menores infractores avanza en el Congreso del Estado, luego de ser aprobada en comisiones. El esquema podría comenzar a operarse en Aguascalientes y en el resto de los municipios antes de que termine el año, particularmente en el área de Justicia Cívica del municipio capital.
El impulsor de la propuesta, Emanuelle Sánchez Nájera, señaló que el dictamen podría presentarse ante el Pleno en la sesión del 27 de noviembre, fecha en la que se prevé su posible aprobación. “Tenemos un calendario muy apretado donde tenemos varias sesiones antes de terminar este periodo, y mi planteamiento es ver si en la sesión del 27 de noviembre pueda subir a la votación del pleno y pues, va caminando y parece que sí se pueda dar y es factible que a finales del mes se esté votando”, indicó.
Con ello, dijo, se cumpliría la meta de dejar firme la reforma durante este periodo legislativo, de manera que su aplicación pueda iniciar el próximo año.
Explicó que, con la nueva ley, cada municipio tendrá la facultad de establecer mecanismos para que responsables del cuidado de menores infractores paguen por los daños o delitos cometidos. “La idea es facultarlos jurídicamente para que se pueda hacer, en primera instancia, tamizajes a los menores infractores y en segunda instancia llamar de manera directa, pero como apercibimiento a los padres de familia para que, dependiendo de la falta del menor, se tomen determinaciones. Podrán incluso, a través de un proceso de llamamientos y desacatos de padres de familia, hasta arrestarlos”, señaló.
No obstante, aclaró que su implementación no será obligatoria: “Lo que hay que entender es que la ley plantea facultarlos, es decir, no los obliga a hacerlo. Sería al arbitrio. Pero lo que considero es que, una vez que esto se apruebe y viendo que es un ejemplo que en algunos municipios caminará y dará buenos resultados, me parece que la propia gente va a pugnar porque se haga”.
El legislador recordó que la propuesta se formuló así debido a las diversas diferencias entre municipios. “Cada uno tiene condiciones presupuestales, jurídicas y técnicas diferentes, y por eso se les da la facultad de que lo puedan hacer conforme consideren”, mencionó.
Agregó que la implementación podría surgir desde la estructura interna de cada ayuntamiento o, en su caso, apoyarse en el DIF estatal. Afirmó que esta dependencia “ha marchado bien aun cuando ha habido cambios y se cuenta con presupuesto, personal y disposición para la aplicación de esta ley”, lo que permitiría atender tanto la prevención como otros alcances.
Sánchez Nájera adelantó que la iniciativa ha recibido buena respuesta de sus compañeros legisladores y continúa avanzando sin mayores contratiempos, por lo que se espera que pueda votarse el próximo 27 de noviembre.
