Por unanimidad, los integrantes del LXI Legislatura aprobaron este sábado las reformas a la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, que contempla endurecer las sanciones para quienes secuestren en la entidad, ampliando hasta doce mil días de salario mínimo la multa contemplada, pero también, determinando que se le encarcele hasta por 70 años a quien, en la comisión del citado delito, llegue hasta el homicidio de la víctima.
Adicional a ello, las reformas avaladas por la totalidad de los representantes populares presentes, incluye la no prescripción del delito, por ser éste sin lugar a dudas, el que más lacera a la sociedad en nuestra entidad y en el país entero.
En el marco del debate de éste punto del orden del día, el legislador priísta, Mario Guevara Palomino; integrante de la Comisión de Justicia; reconoció la trascendencia de esta reforma pues con ello, contribuyen desde su trinchera, a dar certeza jurídica a la población, tranquilidad a las familias que con enorme esfuerzo construyen su patrimonio, y se ven afectadas por cobardes que destruyen la vida no únicamente de la víctima, sino de todos quienes lo rodean, para siempre.
Además, durante su intervención, reconoció al promovente de la iniciativa, diputado José Ángel González Serna, pues éste ha sido desde hace ya varios meses un reclamo generalizado de la población, por lo que así se recogen las voces de desesperanza e indignación.
José Ángel González Serna, diputado panista y quien promovió estas reformas, agradeció el respaldo de todos los representantes populares, en esta, que comentó, ha sido una petición recibida desde su campaña política.
Indicó que aunque el daño es irreparable, por lo menos hay una mayor protección a la víctima y su familia, al determinarse que no prescribirá su sanción. Destacó que con esta medida, los diputados se ponen realmente de lado de la sociedad, demostrando con hechos que trabajan para eliminar la impunidad.
Puntualizó que la práctica cotidiana de este delito en todo el país, obligaba a los integrantes de la actual legislatura, a actuar en consecuencia y garantizar la tutela y protección efectiva de los bienes, el patrimonio, pero sobre todo de la tranquilidad y paz de todos los habitantes del estado.
