Paralizados
Ayer varias entidades del país se paralizaron por la manifestación de transportistas y agricultores. En el caso de Aguascalientes, los cierres comenzaron desde las 7:30 de la mañana y, por más que hubo intención y voluntad para que levantaran los bloqueos, simplemente no se logró nada durante el día. De las primeras autoridades en visitar los lugares bloqueados -en la carretera 45 Norte, a la altura del parque industrial de San Pancho- fue el subsecretario de Gobierno, Manuel Cortina Reynoso, quien llegó con los manifestantes con el objetivo de dialogar para liberar la circulación. Pero el gran inconveniente es que el reclamo de los transportistas y agricultores no depende directamente del gobierno estatal, por lo que dicho funcionario no podía garantizar un acuerdo o solución sin previo ofrecimiento, pues no hay nada que ofrecer por parte de los demás niveles de gobierno; por un lado, los transportistas reclaman seguridad en las carreteras y, por el otro, los agricultores exigen precios justos a sus mercancías y detener la nueva Ley de Aguas Nacionales que ya se cocina desde el Congreso de la Unión.
El segundo funcionario en llegar al lugar fue, por parte del Gobierno de México, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Barba, quien se acercó a un grupo de manifestantes. El funcionario federal llegó con la propuesta de abrir una mesa de diálogo y negociación, a lo que los manifestantes se opusieron rotundamente, asegurando que a nivel federal ya habían intentado estas soluciones y no tuvieron avance ni respuesta. De frente, los agricultores le dijeron a Barba que su petición era clara: que se retire la propuesta de la mandataria Claudia Sheinbaum en materia de la nueva Ley General de Aguas. El funcionario federal tomó nota de la demanda, pero no garantizó ni se comprometió a nada. Pero, a todo esto, ¿qué riesgo hay en la propuesta de la nueva Ley General de Aguas? De acuerdo con los agricultores, la propuesta es regresiva, pues busca separar el derecho del agua de la tierra, suprimiendo las concesiones bajo el pretexto de prácticas de corrupción. Actualmente los agricultores pueden tener una concesión de agua por veinte años y volverla a renovar, pero con esta propuesta lo único que podrán tener son permisos temporales por un año.
Minimización
Ante estas protestas que se llevaron a cabo en todo el país, el oficialismo a nivel federal, utilizando la estrategia de comunicación que ya todos conocemos, quiso minimizar los bloqueos. La propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que no existen razones para este tipo de movilizaciones, pues afirman que llevan más de 200 reuniones locales para escuchar y atender al sector agropecuario. Sostienen que el paro fue ocasionado por mil productores agrícolas en solo seis puntos del país y que los acuerdos sobre los precios del maíz van avanzando sin inconvenientes, pues están dando un “apoyo” especial de 800 pesos por tonelada y, con apoyo de los gobiernos estatales, otros 150 pesos.
Por otro lado, en lo referente a la nueva Ley General de Aguas, se limitaron a decir que esta no ha sido aprobada y que el debate continúa abierto en la Cámara de Diputados, y que el subsecretario de Gobernación ha sostenido al menos 200 reuniones con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en las últimas tres semanas. Motivo por el cual los oficialistas no encuentran motivo para las manifestaciones; al menos, dijo la secretaria de la Cuarta Transformación, no que hayan sido motivadas por la oposición -llámese PRI, PAN, PRD– pues, según los precursores del “segundo piso de la transformación”, los dirigentes de varias agrupaciones agrícolas que se manifestaron pertenecen a estos partidos políticos.
¿Era premio o castigo?
Después de que muchos empresarios aplaudieran la remoción de Roberto Amézquita Camarillo como director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes, parece que fue premio, porque trascendió en radio pasillo que ahora estaría ocupando la titularidad de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal. Aunque el anuncio sigue sin ser oficial, se desconoce el rumbo y la posición que tomará David Morán, actual titular de dicha dependencia y quien busca una candidatura como diputado local por el PAN en 2027.
Se espera que no sean los únicos cambios en el gabinete de Leonardo Montañez, pues dicen que estarán evaluando el desempeño de cada funcionario de primer nivel ahora que termine la glosa del primer informe de gobierno de esta segunda administración para anunciar posibles movimientos. Veremos quiénes más son removidos o, por qué no, hasta premiados.
Cuentas y cuentos. Segunda parte
El Congreso local, en su página de transparencia, ya hizo públicos los dictámenes aprobados el viernes pasado en relación con las cuentas públicas de las instituciones fiscalizadas, por lo que pudimos constatar que hubo al menos una dependencia y tres municipios que salieron limpios y bien librados, pues, de acuerdo con la documentación publicada, los resultados que obtuvieron no generan afectaciones al erario: FGE, municipio de Calvillo y municipio de San Francisco de los Romo.
En cuanto al caso particular de MIAA, llega a un aniversario más entre matices grises, pues, de acuerdo con los informes publicados, el daño de probables afectaciones al erario dentro de esta institución asciende a 1 millón 622 mil 23 pesos. Ahora entendemos el porqué de la pugna y la grilla en contra del director Vallín. Dicha cantidad se desprende de cuatro observaciones: dos del ejercicio del gasto financiero y dos del ejercicio del gasto de inversión pública. En los documentos publicados no se especifican las causales que dieron pauta a estas observaciones, por lo que todo parece indicar que MIAA necesita mucha práctica también en temas de ejercicio del gasto público, pues hasta en eso están batallando bastante. Seguiremos analizando qué más información contienen los documentos de la revisión de dichas cuentas que ya fueron publicadas y, en este espacio, les seguiremos contando los detalles.
¿Quiénes aspiran a la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
El domingo se cerró oficialmente el registro para personas que buscan ser titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, teniendo oficialmente un registro de nueve perfiles. Estos son los siguientes:
Luis Enrique Pérez de Loera, quien se ha desempeñado como funcionario en el Municipio de Aguascalientes, donde ha sido jefe del Departamento de Residuos Sólidos, jefe de Departamento de Recolección Mecánica, así como director de Asuntos Internos de Seguridad Pública y Tránsito.
Adrián Fernando Pérez de Loera, quien se ha desempeñado como abogado en diversos temas.
Zayra Fabiola Loera Sandoval, quien fuese exconsejera del Consejo General del IEE.
También está como aspirante Emmanuel Maldonado González, quien labora actualmente en la CEDHA como proyectista.
En la lista también aparece Néstor Enrique Rivera López, quien fuese exmagistrado en funciones del Tribunal Electoral de Aguascalientes y quien también fuera suspirante a ocupar una consejería en el Consejo General del IEE este año, quedándose en el camino.
También está Eduardo Arturo Ortega Ruíz, coordinador jurídico de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital del Estado de Aguascalientes.
Le sigue Wilfrido Isami Salazar Rule, quien de 2010 a 2021 se desempeñó como asistente editorial en el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Hace cuatro años también intentó ser consejero electoral del IEE sin tener éxito.
En la lista también está el abogado -conocido por todos, dada la polémica y el debate que siempre genera- Alan David Capetillo Salas, quien se ha desempeñado como abogado electoral, abogado del Frente Nacional de la Familia en la entidad, además de participar en diversas convocatorias sin éxito. Entre su historial se tiene registro de que participó para ser magistrado electoral local, consejero electoral, entre otros.
Y, por supuesto -como se lo dimos a conocer ayer en esta edición-, la actual presidenta de la CEDHA, Yessica Pérez, quien, a diferencia de los demás perfiles, llegó con bastante respaldo de diversas asociaciones civiles. Desde 2002 se ha desenvuelto como férrea defensora de los derechos humanos.
¿Qué necesitan para ser titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
Además de contar con el visto bueno y la validación de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, dentro de los requisitos jurídicos que deben cumplir están: tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos; contar con residencia de cinco años en la entidad; título profesional y prestigio en materia de derechos humanos; tener al menos treinta años de edad; no pertenecer al estado eclesiástico ni al servicio activo de las Fuerzas Armadas; no haber resultado responsable por violaciones a derechos humanos; no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delito doloso, acoso sexual, violencia de género o familiar, así como delitos por hechos de corrupción; no haber ostentado cargo de elección popular o la titularidad de una secretaría o su equivalente en la administración pública federal, estatal o municipal al menos en los últimos dos años; no ser deudor alimentario; y no haberse desempeñado en un cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político por lo menos en los últimos tres años. Estos nueve perfiles estarán a la espera de su respectiva comparecencia en la comisión legislativa.
