- Señalan antecedentes judiciales y señalamientos por encubrimiento y omisiones
- Advierten sobre su historial durante su gestión en la Fiscalía del Estado de Puebla
- Exigen cancelación de cualquier contratación y transparencia en controles de confianza
Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) se hizo un llamado público ante la posible incorporación de Juan Luis Galán Ruiz a la estructura de procuración de justicia y seguridad como parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. De acuerdo con el organismo, se trata de un funcionario con antecedentes judiciales relacionados con omisiones, encubrimiento y acciones para evadir procesos legales.
Durante su periodo al frente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos lo señalaron por obstaculizar procesos de acceso a la justicia y por proteger a agresores que finalmente fueron detenidos hasta después de que perdió poder dentro de la institución. Según el OVSG, estos casos evidenciaron patrones de actuación que afectaron a víctimas y a sus familias.
Tras diversas indagatorias, en 2021 se giró una orden de aprehensión en su contra, por lo que tramitó un juicio de amparo para evitar ser encarcelado por delitos presuntamente cometidos durante su función pública, entre ellos encubrimiento. Además, su paso por Puebla estuvo marcado por acusaciones de uso político de la fiscalía y señalamientos de enriquecimiento ilícito que, según el organismo, nunca fueron investigados por presunta complicidad institucional.
Por lo anterior, y en ejercicio del derecho a la protesta y la participación ciudadana en asuntos de seguridad pública, el Observatorio presentó las siguientes exigencias:
- Cancelación inmediata de cualquier proceso de contratación, asesoría externa o nombramiento de Juan Luis Galán Ruiz en cualquier dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes
- Transparencia total en las contrataciones, incluyendo la publicación de los resultados de los controles de confianza aplicados a altos mandos de seguridad y la revisión de antecedentes relacionados con posibles violaciones a derechos humanos en otras entidades, más allá de antecedentes penales vigentes
