¿Y la rendición de cuentas?

Los diputados locales ya cumplieron un año y casi dos meses en su encargo, por lo que en teoría ya debieron haber presentado sus informes de actividades, por lo menos de este primer año legislativo. Sin embargo, al investigar sobre las actividades realizadas por los 27 legisladores durante ese periodo, nos encontramos con la sorpresa de que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) solo aparecen los informes de cuatro diputados. ¿O los demás no han entregado dicha información, o esta no ha sido publicada?

De los únicos representantes populares con información disponible están Humberto Javier Montero de Alba, Amisadai Castorena Romo, Ma. Guadalupe Mendoza Medrano y Daniela Miyuki López Muñoz. De acuerdo con la PNT, no existen más registros sobre otros informes de actividades, por lo que queda esperar a que se publique la demás información… o mejor ya ni le movemos y dejamos para otra legislatura la evaluación de nuestros representantes.

Igual o peor

Quienes están igual o peor son los síndicos y regidores del cabildo de la capital. En el tema de sesiones de Cabildo, al intentar realizar un análisis sobre sus participaciones, votos y asistencias, resulta que en la misma PNT no había nada. Al consultar las sesiones de cabildo o la gaceta municipal, solo aparecían las fechas en que se llevaron a cabo y el tipo de sesión, pero hasta ahí. Párele de contar: no había ninguna acta, ni asuntos, ni asistencias, ni votaciones.

Tanto que varios de estos representantes populares se quejaron de la desaparición del INAI y de los organismos “autónomos de transparencia”. Es más, tanto que decían defenderlos… pues bien dice un escrito muy popular en el mundo por los siglos de los siglos: “por sus acciones los conoceréis”.

Venga nuestro reino

Eso sí: poca transparencia y rendición de cuentas, pero qué tal los chelines navideños. Regidores, síndicos y diputados se van a llevar treinta y cinco días de aguinaldo, algo que se traduce en poco más de 80 mil baros libres. Mientras tanto, todos los ciudadanos de a pie nos tendremos que conformar con quince días. Lo irónico es que los representantes populares que más se quejan de una posible propuesta para incrementar el aguinaldo de los trabajadores a treinta días son quienes reciben más. Ni hablar, nos tocó la de perder: chambear más y recibir menos bolo navideño. Nosotros estamos en la misma situación (al menos que nuestro director editorial se quiera poner la del Chicharito y volarse el estadio con un aguinaldazao, guiño guiño… es broma, pero si usted quiere, jefecito, no es broma).

Contradicciones

El Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM), aquel que en teoría debe velar por el bienestar en todos los aspectos (físicos, psicológicos, familiares) de las mujeres, cayó en una grave contradicción. De acuerdo con testimonios de extrabajadoras, lo que vivieron en su amarga estancia fue violencia institucional, laboral y psicológica. Algunos testimonios dicen que las obligaban a acudir a eventos fuera del horario laboral; reuniones a puertas cerradas sin acceso a teléfonos celulares; llamadas de hostigamiento por parte de la secretaria ejecutiva; intimidación por parte del director de Relaciones Interinstitucionales; incluso se menciona lo mal que salió el IAM en una auditoría realizada por parte del Gobierno Federal. Hasta el momento nadie de la institución ha emitido postura. De ser ciertos los testimonios, la legitimidad del instituto para defender a las mujeres queda en una seria interrogante.

El mal que ya se normalizó

Lamentablemente no es la primera ni la última vez que en una institución de gobierno -del nivel que sea y del poder que sea- se presentan escenarios de intimidación, violencia laboral, etc. Sin embargo, muchas personas trabajadoras no denuncian por miedo a represalias o a perder su empleo. Algunos trabajadores de nivel medio y bajo se acercan a veces disimuladamente, contando cómo a algunos les obligan a regresar cierto porcentaje de su salario a su jefe inmediato o a la persona que les consiguió el empleo, como forma de cobro de piso político, tal cual lo hace el crimen organizado. De ahí que muchos funcionarios y grupitos de poder político recibieran el nombre de “mafia”… ni cómo negarlo.

Sin embargo, este tipo de intimidación en todos los niveles de gobierno se ha normalizado al grado de que nadie toma cartas en el asunto, y aquí entran todos los colores y partidos, pues todos aplican la misma.

¿Qué onda, perdido?

Soy tu ex (presidente), el último de tus amores, me tomé el atrevimiento de mandarte flores (un libro titulado Grandeza). Antes de entonarnos con esta letra tropicalizada al suceso político que marcó la semana, hablemos de la reaparición del expresidente López Obrador en redes sociales. Causalmente, su presencia llega justo cuando la administración encabezada por la mandataria Claudia Sheinbaum atraviesa múltiples problemáticas: corrupción que alcanza a grandes personajes de Morena; colusión de crimen organizado con gobiernos estatales y municipales; actores de la transformación investigados en Estados Unidos; una deuda pública que rebasa los 18 billones de pesos; manifestaciones de agricultores; y una popularidad de Sheinbaum que va en picada, al menos en los estados del centro del país.

La reaparición del Peje no pasó desapercibida y algunos la interpretan como su regreso a la vida pública para respaldar y dar un empujoncito a Sheinbaum de cara a lo que podría ser una consulta popular sobre revocación de mandato.

Investigan a jueces

La noticia cayó como un recordatorio incómodo: el Poder Judicial del Estado abrió carpetas de investigación por “faltas administrativas” cometidas por jueces recientemente incorporados. No es rumor: reportes locales señalan que ya hay quejas formales que atiende el órgano competente.

Lo que está en juego no es solo la reputación de quienes imparten justicia, sino la confianza ciudadana en un sistema que, apenas hace meses, vivió una renovación sin precedentes: 65 nuevos jueces y magistrados rindieron protesta y asumieron funciones en septiembre de 2025, parte de un proceso ciudadano que buscaba dar mayor legitimidad a los juzgadores. Esa transición, tan celebrada en lo formal, dejó abiertas tensiones y desafíos prácticos.

Las causas de las quejas no son menores: desde errores procedimentales (vinculaciones erróneas, resoluciones con fallas de forma) hasta presuntas negligencias en la actuación. La creación reciente del Tribunal de Disciplina Judicial prometía dotar de mecanismos para fiscalizar y sancionar estas conductas; hoy ese tribunal está llamado a operar con eficacia y transparencia.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez, ha negado que haya despidos masivos o cambios radicales de personal, y recalca que los nuevos juzgadores se integraron a sus equipos. Esa versión institucional busca dar certidumbre; sin embargo, las denuncias públicas y las quejas formales ante el Tribunal de Disciplina obligan a mirar más allá de la narrativa oficial. La estabilidad formal no sustituye la exigencia de calidad y responsabilidad.

Es legítimo preguntar cómo se llegó aquí. Varias voces locales (incluyendo análisis periodísticos y columnas de opinión) han señalado que algunas designaciones se hicieron con criterios que no siempre privilegiaron la experiencia, y que en ciertos casos la inexperiencia terminó por amplificar errores en la práctica judicial. Si la selección aspiraba a democratizar el acceso al cargo, falló en dotar de herramientas de capacitación y supervisión suficientes para sostener esa apuesta.