- Las organizaciones advirtieron que, además de dictaminar su propia iniciativa, la CONAGUA no integró en ese proyecto las propuestas ciudadanas que se generaron en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos y en la Audiencias Públicas que organizó el Poder Legislativo
El dictamen de la reforma en materia de aguas nacionales que se someterá a votación en la Cámara de Diputados fue elaborado por la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en un acto violatorio a la competencia legislativa, aseguraron las organizaciones ciudadanas Agua Para Todos, Agua para la Vida y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
En un comunicado, las organizaciones, que integran a distintos grupos que luchan por los derechos del agua en el país, advirtieron que, además de dictaminar su propia iniciativa, la CONAGUA no integró en ese proyecto las propuestas ciudadanas que se generaron en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos y en la Audiencias Públicas que organizó el Poder Legislativo.
“Anoche la CONAGUA entregó a la Cámara de Diputados el dictamen sobre su propia Iniciativa de ley y reformas en materia de agua”, acusaron las organizaciones, quienes dicen estar buscando que los diputados presenten reservas para lograr algunos “cambios vitales” en esta reforma legislativa que pretende someterse a votación este miércoles en comisiones y el jueves al pleno.
“El dictamen entregado (por la CONAGUA) conserva las estructuras y mecanismos, los cuales, a lo largo de 33 años, han resultado en la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de los cuerpos de agua, la marginación hídrica de grandes sectores de la población y daños al interés público debido al concesionamiento de obras hidráulicas y sistemas de agua y saneamiento”, alertaron.
Así, sostuvieron que las reformas propuestas son un intento por perpetuar la ley salinista de 1992, sólo con cambios mínimos, pese a que el mandato constitucional es que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) tendría que ser reemplazada por una Ley General de Aguas que “garantice el acceso equitativo y sustentable a través de una verdadera participación ciudadana y gubernamental”.
Entre los cambios “mínimos” que las organizaciones propusieron al dictamen está el derogar el Artículo 102 de la Ley de Aguas Nacionales, que busca “promover y fomentar” concesiones con el capital privado para el financiamiento y operación de obras hidráulicas federales, así como cambiar el Artículo 44 del proyecto de Ley General de Aguas, para prohibir la privatización de servicios de agua y saneamiento.
“Así se podría prevenir el enorme sobrecosto, el incumplimiento de responsabilidades y la imposibilidad de cancelar concesiones para obras como El Zapotillo, El Realito y PTAR Atotonilco, así como con la privatización de los sistemas de agua de Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Saltillo”, expusieron.
Igual pidieron eliminar la discrecionalidad en el cobro de derechos y la discriminación en las extinciones de volúmenes para que la CONAGUA esté obligada a extinguir permisos a los concesionarios que no han pagado derechos, pero exentando a los pequeños usuarios agrícolas.
“Este artículo (29 bis 3, LAN) ha sido utilizado para extinguir las concesiones de pequeños agricultores que no han podido sembrar durante dos años. En el caso de los grandes usuarios, este artículo ha permitido la sub-recaudación (los usuarios industriales y de servicios solo han pagado derechos sobre el 20% de sus volúmenes concesionados), la discrecionalidad y hasta la corrupción”, explicaron.
De la misma forma, señalaron la necesidad de que los actuales Consejos de Cuenca sean reemplazados por Consejos “ampliamente representativos” que participen en la elaboración y vigilancia de programas hídricos regionales encaminados hacia el acceso equitativo y sustentable al agua.
También, pidieron incluir mecanismos para reducir de manera obligatoria el actual sobreconcesionamiento, ya que la iniciativa presentada por la CONAGUA no enfrenta esta problemática con lo que, afirmaron, pone en riesgo la cantidad y calidad de las aguas subterráneas de las cuales dependen las ciudades y la agricultura del centro y norte el país.
Además, propusieron medidas para la protección de acuíferos kársticos; respetar los derechos de los pueblos indígenas a gestionar las aguas en sus territorios, así como protección de los daños irreversibles que genera la fracturación hidráulica (fracking) pues en la reforma propuesta no se incluye ninguna medida que preserve el derecho humano al agua sobre esa práctica.
De la misma forma, advierten sobre la necesidad de afinar las sanciones, pues las reformas planteadas por la CONAGUA ya no permitirían la suspensión o clausura de un pozo, toma o descarga, aunque se documente una infracción durante una inspección, y el delito de transportar aguas nacionales sin autorización implicaría prisión para el chofer de la pipa, sin sanciones al dueño del predio en donde se ubica la toma.
Aunque el proyecto de dictamen pretende someterse a votación este miércoles en comisiones, las bancadas del PAN y del PRI pidieron aplazar la discusión de esta reforma.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, resaltó que los cambios al dictamen son insuficientes, ambiguos y cosméticos, por lo que solicitó que se suspenda el proceso de dictaminación y la eventual discusión en el pleno.
