- Se reforma la denominación del Capítulo IX y el artículo 126 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes
La diputada Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba presentó la iniciativa para reformar la denominación del Capítulo IX y el artículo 126 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, con el propósito de incorporar como población infantil en condiciones especiales de vulnerabilidad a todas las niñas y los niños cuyo padre y/o madre se encuentra en un centro penitenciario, sin importar si viven o no dentro del mismo.
En este sentido, se resalta que la propuesta tiene como principal objetivo actualizar el marco jurídico estatal para garantizar que esta población infantil reciba atención, acompañamiento y protección especializada por parte de las autoridades estatales y municipales, atendiendo a principios fundamentales como el interés superior de la niñez, la no discriminación, la igualdad sustantiva y la protección integral.
Medina Ruvalcaba añadió que la iniciativa plantea reconocer de manera explícita a niñas y niños que ven afectado su desarrollo emocional, escolar y social por la situación jurídica de alguno de sus padres, y que actualmente no están contemplados dentro de la legislación vigente. Con ello, se pretende corregir una limitación normativa que dejaba fuera a menores que enfrentan condiciones similares a quienes sí residen en los centros penitenciarios.
Los alcances de la propuesta tienen los principales objetivos orientados a implementar acciones, programas y mecanismos específicos para esta población, además de garantizar el ejercicio, respeto y protección de sus derechos, así como asegurar el acceso a servicios educativos, de salud y acompañamiento psicosocial.
Finalmente, de acuerdo con información del INEGI, el 41.7% de las personas privadas de la libertad en México tienen hijas o hijos. En el caso de mujeres en reclusión, la cifra asciende a 56.7%. Asimismo, se ha documentado la ausencia de protocolos estandarizados para identificar y atender a niñas y niños con familiares en prisión, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el marco jurídico y las políticas públicas en la materia.
