El Comité Especializado en Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El pasado 8 de diciembre, a través de los medios de comunicación oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la cuenta oficial en X del ministro Arístides Guerrero, se dio a conocer la instalación del Comité Especializado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dicho comité tendrá, entre sus atribuciones, la de fungir como autoridad garante en asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que atenderá tanto recursos de revisión como denuncias relacionadas con su función.
Asimismo, se encuentra establecido que, para los temas administrativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será la Autoridad Garante del Poder Judicial la encargada de resolver los recursos y denuncias. Por tanto, este comité recién creado solo resolverá aquellos asuntos jurisdiccionales propios de la Suprema Corte y estará integrado por tres ministros:
• La ministra Sara Irene Herrerías Guerra
• El ministro Irving Espinosa Betanzo
• El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García
Este último es conocido por tener amplia experiencia en la materia, toda vez que, antes de ser ministro, formó parte del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFO CDMX) como comisionado. Dicha experiencia quedó demostrada en un debate en la máxima tribuna del Poder Judicial de la Federación, al cuestionar y rebatir la postura de la ministra Lenia Batres respecto a la entrega de información medioambiental. Ella justificaba que, si bien la información es pública, su reproducción debía tener un costo; sin embargo, el precio establecido por copia certificada era de $113, lo cual, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el Acuerdo de Escazú, resultaba desproporcional. Aunque puede existir un costo y la ley lo contempla, este debe justificarse conforme al proceso de reproducción, por lo que una copia certificada no podía valer $113.
Ahora, con este nuevo comité, se espera que las solicitudes de acceso a la información atendidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos jurisdiccionales sean procesadas correctamente o, en su defecto, que el comité resuelva de manera adecuada los recursos de revisión con independencia y profesionalización.
Es un gran alivio que la ministra Lenia Batres no forme parte de este comité, ya que, en solicitudes de acceso a la información pública realizadas con anterioridad, las respuestas emitidas por ella o por su ponencia carecían de fundamento legal y no atendían íntegramente la solicitud. Además, con el proyecto que presentó para justificar el cobro desproporcionado de las copias —que afortunadamente fue desechado— dejó entrever que no es promotora del derecho de acceso a la información y que tampoco cuenta con amplio conocimiento en la materia.
Aún las entidades federativas y la Federación se encuentran en proceso de transición hacia las nuevas autoridades garantes, con el fin de otorgar certeza y continuidad a la transparencia, al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Esperemos que, al igual que lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dé la relevancia necesaria al cumplimiento de estos derechos.
En relación con este tema, recientemente se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, en la que se aprobaron los nuevos Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones de Transparencia. Dichos lineamientos forman parte del compromiso de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para atender las particularidades de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Posterior a su publicación, la dirección encargada de la Plataforma Nacional de Transparencia deberá modificar los formatos correspondientes para cumplir con las nuevas disposiciones normativas, como fusionar las fracciones XIX y XX en una sola, así como las fracciones IV y V.
Se espera que, cuando menos a partir del primer trimestre de 2026, ya se publique la información de las obligaciones de transparencia conforme a la nueva normativa.
Agradezco su lectura y comentarios.
