- CONAGUA enfrentará un recorte de mil millones de pesos, pese al rezago de más de 150 mil trámites y mayores obligaciones por la nueva ley
- La Ley de Aguas Nacionales impactará al campo, industrias y municipios, al asignar responsabilidades sin recursos suficientes para su correcta aplicación
- El sector agropecuario enfrenta eliminación de programas, crisis sanitaria, cierre de fronteras y desaparición de apoyos financieros, alertó el diputado Paulo Martínez
Viene un recorte presupuestal de mil millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), aun cuando se prevé una mayor demanda de trabajo derivada de la reciente aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, advirtió el diputado federal Paulo Martínez. El legislador recordó que la discusión de esta reforma generó un amplio debate en la Cámara de Diputados, en el que participaron distintos sectores, incluido el agropecuario.
“Hubo un debate con diferentes posturas, donde incluso acudieron los productores con sus tractores, ya que es una demanda que se tiene, porque el agua va ligada a la tierra y genera dividendos, genera empleos, genera beneficio a más de cinco millones de familias y, además, es un patrimonio que viene de alguna manera heredado”, expresó.
Martínez advirtió que la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales tendrá repercusiones graves, no solo para el campo mexicano, sino también para la industria refresquera, la industria automotriz y los municipios, ya que se les asignan mayores responsabilidades sin que la iniciativa esté acompañada de los recursos necesarios para su cumplimiento.
Explicó que el agua es un recurso vital, estrechamente ligado a la tierra y a la producción de alimentos, de la cual dependen más de cinco millones de familias campesinas. En este contexto, subrayó que la Conagua enfrenta un rezago superior a los 150 mil trámites, entre permisos, renovaciones y otros procedimientos administrativos.
Pese a este panorama, la dependencia federal sufrirá un recorte de mil millones de pesos para el próximo año, al pasar de 37 mil millones a 36 mil millones de pesos en 2026, lo que implicará más carga de trabajo y menos recursos, aun con una ley “más robustecida y que tiene que dar mayores resultados”, señaló.
El diputado alertó que la nueva legislación podría obligar a productores, por ejemplo, de estados como Durango, a trasladarse hasta la Ciudad de México para realizar trámites, lo que abre la puerta a prácticas de corrupción y coyotaje, especialmente en perjuicio de las y los productores rurales.
Agregó que esta discusión se da en un contexto complejo para el sector agropecuario, que ha sido afectado por la eliminación de más de 18 programas, además de enfrentar una crisis sanitaria, evidenciada por la presencia del gusano barrenador, lo que coloca al campo mexicano en una situación delicada y cercana al colapso.
“Vemos que el gusano barrenador ya infectó también a una persona en Tabasco y en Oaxaca; esta alarma ya está comenzando en las personas por el mal trato que le están dando a la sanidad en México”, señaló.
Añadió que esta situación derivó en el cierre de fronteras por parte de Estados Unidos para la exportación de ganado, además de la desaparición de la Financiera Rural, institución que otorgaba créditos al sector, y del incumplimiento de los precios de garantía, particularmente en el caso del maíz blanco.
Finalmente, Paulo Martínez llamó a considerar también problemáticas como el cobro de derecho de piso, la extorsión en distintas regiones del país y el asesinato de líderes del sector agropecuario, factores que, dijo, agravan aún más la crisis que enfrenta el campo mexicano.
